Los sindicatos rechazan la propuesta de jubilación parcial del Gobierno

L. Palacios MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Se abren a poner en marcha nuevas medidas en las pensiones para contentar a Europa

22 abr 2024 . Actualizado a las 19:23 h.

El año que viene toca evaluar la reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá y la Comisión Europea ya le ha echado el primer jarro de agua fría. Considera que no ha servido para solventar el principal reto que tenía por delante: lograr la sostenibilidad del sistema, que está en números rojos desde hace una década. De hecho, Bruselas señala que su déficit se disparará de manera irremediable y de forma significativa a lo largo de las próximas décadas, de forma que el Gobierno deberá hacer un ajuste del 0,8 % de su PIB anual entre el 2026 y el 2030, lo que supone unos 11.300 millones de euros al año.

Aunque la última palabra para saber si España está obligada a hacer más ajustes en las pensiones la tendrá la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los sindicatos abrieron este lunes la puerta a poner en marcha medidas adicionales: «Estamos en disposición de abordar tanto el año que viene como dentro de tres años medidas adicionales», aseguró Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO. tras salir de una reunión en la que tanto los sindicatos como la patronal mostraron su rechazo a la propuesta de jubilación parcial del Gobierno.

En este sentido, tanto UGT como CC.OO. han pedido al Ejecutivo que la jubilación parcial se pueda anticipar 4 años y pueda llevarse a cabo en todos los sectores de actividad, así como que el contrato de relevo que se realice en sustitución sea indefinido, a tiempo completo y no amortizable. «La jubilación parcial es una vía de salida progresiva del mercado y eso tiene que ser una oportunidad para mejorar lo que hay ahora», aseguró la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez.

Por su parte, Bravo admitió que la primera parte del encuentro se centró en analizar el informe de Bruselas —que se tendrá en cuenta para poner en marcha la cláusula de salvaguarda que se activaría si el gasto se desvía— y abogó por, si fuera necesario, centrar las nuevas iniciativas en dos materias. En primer lugar, «ir más lejos» en el sistema de cotizaciones por ingresos reales que ya se ha iniciado para los autónomos y, en segundo, culminar en la separación de fuentes de la Seguridad Social, ya que aún está sin completar esa transferencia presupuestaria que debe hacer el Estado para cubrir todos los gastos que no sean de pensiones y que Escrivá cifró en casi 23.000 millones. CC.OO. también apuesta por seguir trabajando en medidas efectivas para retrasar de forma voluntaria la jubilación, como mejorar los incentivos para los que puedan seguir trabajando. «Sin necesidad de incidir en un incremento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) —que implicaría elevar más las cotizaciones sociales—, hay medidas que se podrían adoptar si fuera necesario», señaló Bravo, quien precisó que no lo cree necesario «a corto plazo».