La Autoridad Fiscal alerta de que 600.000 hogares con derecho al ingreso mínimo no lo solicitan
ECONOMÍA
Constata que la prestación, que llegó a 342.856 hogares, tiene «margen de mejora» y que muchos no la piden porque cobran rentas autonómicas
10 jul 2024 . Actualizado a las 17:48 h.El ingreso mínimo vital (IMV), la prestación estrella del escudo social que el Ejecutivo de coalición desplegó durante la pandemia, apenas llega a uno de cada tres potenciales beneficiarios, concretamente al 36 % de los hogares que podrían percibirlo, que en cifras absolutas se acercan a los 343.000 de los 951.702 potenciales. Es decir, que más de 600.000 hogares no solicitan la ayuda.
Ese es el diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su tercera evaluación de esta política social. Pese a que indicó que el volumen de hogares que lo percibieron en el 2023 se incrementó en un 20 % respecto al año anterior (se flexibilizaron las condiciones para llegar a más población vulnerable y se pusieron en marcha medidas informativas), el organismo que preside Cristina Herrero le sacó este miércoles los colores al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacando la evidente capacidad de mejora que presenta la prestación, creada hace más de tres años.
El departamento que lidera Elma Saiz se defendió señalando que el IMV es una «política viva», en proceso de estudio y que, además, se puso en marcha en un tiempo récord —dos meses, cuado lo habitual son entre siete y ocho años—, espoleado el Ejecutivo por el estallido de la pandemia y la necesidad de proteger en ese momento de crisis a los más vulnerables.
La AIReF subraya, sin embargo, que la tasa de quienes no lo solicitan (non take-up) prácticamente continua invariable. Se mantuvo en el 2023 en el 56 %, apenas dos puntos menos que el año previo, mientras que las solicitudes denegadas se acercaron al 8 %.
Como en las revisiones anteriores, Herrero constató que en el ejercicio analizado (el 2023), no se habían producido «grandes avances», por lo que hay «margen para mejorar el diseño, despliegue y gestión» del ingreso mínimo.
En cualquier caso, la Autoridad Fiscal sí admitió que esta protección social está llegando a los hogares más vulnerables y explicó que uno de los motivos por los que no cubre más que a un tercio de los posibles beneficiarios es que no lo solicitan porque ya perciben una renta mínima autonómica.
Cobertura autonómica
El análisis refleja también que el elevado porcentaje de quienes, pudiendo, no lo solicitan, varía en función de los territorios. Así, mientras que la media está en el 56 % y de él el 5 % no lo pide por cobrar ayuda autonómica, en el caso de Cataluña se eleva al 17 % y cae al cero en Castilla-La Mancha. En Galicia, la tasa non take-up sube al 59 % y un 6 % no lo solicita por cobrar la Risga (Renda de Inclusión Social), según la AIReF.
La falta de información y el exceso de burocracia también se suman, junto con la percepción de otras ayudas —desde becas a la prestación por desempleo o el subsidio—, tras esta abultada falta de solicitudes. Otro dato llamativo es que un 38 % de los hogares que no pide el IMV pese a cumplir los requisitos para ello, de hacerlo incrementaría su renta en menos de un 30 %, de modo que renuncia a esos mayores ingresos para evitar el engorro burocrático de la solicitud.
Concesión de oficio
Como forma de paliarlo, el organismo propone conceder de oficio la prestación —algo que desde el ministerio no ven factible—, mediante un esquema que considere el conjunto de las no contributivas a las que el beneficiario tiene derecho, junto con una pasarela automática desde el fin del subsidio por desempleo al IMV.
Galicia sigue a la espera de que el Gobierno le transfiera la gestión
En lo que respecta a Galicia, la Consellería de Política Social sigue esperando el traspaso íntegro de la gestión del IMV, que la Xunta le reiteró a la ministra Elma Saiz hace un mes y que su antecesor en el cargo se había comprometido a hacer hace dos años y medio. En la reunión mantenida el 11 de junio con la ministra, la conselleira Fabiola García esgrimió la «experiencia» de Galicia después de 30 años gestionando la Risga, lo que agilizaría el proceso de pago, que ahora suma esperas de entre seis y ocho meses. Los últimos datos elevan a 27.000 los beneficiarios del IMV en Galicia, que ha cubierto a cerca de 40.000 hogares y 105.000 personas desde el 2020, según recuerda el ministerio.