Yolanda Díaz asegura estar «supersegura» de que habrá acuerdo para reducir la jornada laboral

Amparo Estrada MADRID/ COLPISA

ECONOMÍA

Sergio Pérez | EFE

El Consejo de Ministros aprueba la modificación del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la extinción automática del contrato en caso de incapacidad permanente

23 jul 2024 . Actualizado a las 19:24 h.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que «es posible» un acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ha reiterado que «no se levantará» de la mesa de negociación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz aseguró que está «supersegura de que es posible el acuerdo»; «tengo esperanza, francamente», dijo. «Sabemos qué teclas hay que tocar; la cuestión está en si hay voluntad para alcanzar un acuerdo o no. Desde luego, yo lo tengo y no me voy a levantar de esa mesa», aseguró la ministra y recordó que el próximo lunes, el secretario de Estado de Empleo celebrará la última reunión de diálogo social antes del verano.

La titular de Trabajo destacó que, «afortunadamente», la patronal ha vuelto a negociar activamente en esa mesa: «Por eso he dicho que hay avances, esta es la patronal que yo reconozco, la patronal que está a la altura de su país y espero que por el bien de nuestro país alcancemos un acuerdo».

No obstante, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de las consecuencias negativas de imponer la reducción de jornada con el rechazo de los empresarios. La vicepresidenta considera que esta es la medida «más deseada» por los españoles y que si alguna de las partes no apoya un acuerdo «tendrá que explicar las razones».

Despido por incapacidad permanente

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la modificación del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores para eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora.

«Será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional», señaló la ministra de Trabajo.

Una vez reconocida la incapacidad permanente, el trabajador tendrá un mes para decidir si quiere seguir en su puesto, con las adaptaciones necesarias, o en otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. Será entonces cuando la empresa disponga de tres meses, como máximo, para adaptarlo a las nuevas necesidades, para cambiar a otra posición o para extinguir el contrato en caso de que concurran los elementos necesarios que permitan acceder a este extremo.

El texto aprobado establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa.

Durante el periodo de espera, la persona trabajadora percibirá el subsidio de Incapacidad Temporal lo que permitirá evitar vacíos de cobertura en la protección.