Talgo busca acuerdos para acelerar la entrega de pedidos tras el veto a la opa
ECONOMÍA
Estudia alianzas con fabricantes como Magyar Vagon o Skoda, que pujan por ella
29 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El bloqueo del Gobierno a la oferta pública de adquisición (opa) de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo fuerza la activación de un plan B en el fabricante de trenes o, al menos, una alternativa para seguir adelante con la actividad.
La compañía presidida por Carlos de Palacio no tiene tiempo para esperar a la batalla judicial que se abre en muchos frentes con los recursos anunciados por Magyar Vagon (y los pequeños accionistas) ante el Supremo y las autoridades comunitarias. Necesita desatascar sus dos plantas, ahogadas por pedidos por valor de 4.000 millones de euros y una expectativa de importantes licitaciones en el mercado internacional. Según la compañía, las oportunidades en forma de contratos que ofrece el sector hasta el 2026 ascienden a 6.400 millones.
La empresa insiste en que «continúa con su actividad industrial y de negocio y con sus compromisos con trabajadores y clientes». En esa línea se encuadran los movimientos, confirmados por fuentes conocedoras de las negociaciones, para activar acuerdos con empresas del sector con las que reforzar la capacidad de fabricación. Es decir, acuerdos comerciales para subcontratar en otras fábricas los trabajos para llegar a tiempo con las entregas pendientes. Para ese papel, Magyar Vagon sería una de las primeras en la lista. Y es que los directivos de Talgo han trabajado este último año diseñando el plan industrial conjunto que se hubiera puesto en marcha si la opa hubiera tenido éxito. Pero las mismas fuentes tampoco descartan el empleo de las instalaciones de Skoda (su otro pretendiente) para este mismo fin.
Y es que tanto las plantas checas como las húngaras tienen la ventaja de estar muy cerca de Alemania, de donde procede el mayor pedido de trenes de la historia de Talgo y el que más aprieta en estos momentos: un total de 2.100 millones para 100 trenes contratados por el operador germano Deutsche Bahn. Las entregas han de arrancar ya, están en ejecución 79 unidades y han comenzado los envíos de las primeras para realizar las pruebas pertinentes.
Otro de los contratos a los que Talgo debe dar cumplimiento es el de 300 millones para Dinamarca, actualmente en ejecución, mientras siguen las entregas de los Avril a Renfe, tras retrasos e incidencias que el operador nacional ha venido reprochando insistentemente. Los acuerdos comerciales entre empresas, incluso uniones para acudir conjuntamente a una licitación son habituales en el sector.
Mientras tanto, el crédito de los bancos aumenta el apalancamiento de la compañía. Este se ha elevado un 18 % en el primer semestre del año, hasta los 393,2 millones de deuda. Un pasivo que exige pagos de 289 millones hasta el 2026. Según explica Talgo en sus cuentas, muchos de los pedidos requieren fondos para su construcción y son adelantados en líneas de crédito hasta su entrega y cobro. De ahí la importancia de cumplir los plazos.
En la jornada de ayer, la acción de Talgo aguantó la cotización, revalorizándose un leve 0,64 % hasta los 3,95 euros por título, después de caer el martes un 8,72 %. El valor de la acción sigue por encima de los 3,70 euros a los que cotizaba en noviembre del 2023, cuando saltó a la luz el interés de Magyar Vagon.
El Ejecutivo trabaja también en alternativas para Talgo que contemplan hasta la inversión pública a través de la SEPI o la vía de la fusión con Skoda. Los sindicatos reclamaron ayer con «urgencia» un plan industrial para la empresa. CSIF pidió al Ejecutivo que «explique su hoja de ruta». Por su parte, CC.OO. solicitó una reunión urgente con la dirección de Talgo para que «ponga sus planes alternativos encima de la mesa».
Magyar Vagon no se retira
Mientras el fabricante español busca una salida a la gestión industrial, los accionistas y Magyar Vagon tratan de navegar en el inédito mar abierto por el veto del Gobierno a la opa. De momento, fuentes internas del consorcio húngaro trasladan que no van a retirar de la CNMV su oferta de 617 millones de euros. La decisión no es gratuita, porque supone mantener el aval de 650 millones, con un coste de 40 millones en intereses al año. Pero, a su vez, podría reforzar la posición legal del consorcio magiar mientras no se resuelva el recurso que preparan ante el Tribunal Supremo contra el veto gubernamental. En todo caso, la CNMV señaló que no tramitaría la opa si no contaba con el visto del Gobierno. Así que la operación quedará en una especie de limbo.