Las autonomías arriesgan pagos de miles de millones por incumplir normas laborales de UE
ECONOMÍA
Hasta 300.000 empleados públicos podrían recibir indemnizaciones por abuso de temporalidad
16 sep 2024 . Actualizado a las 12:13 h.Las comunidades autónomas podrían tener que pagar miles de millones en indemnizaciones a cientos de miles de empleados públicos a quienes han venido contratando temporalmente más tiempo del permitido por la normativa de la UE.
Así lo señala un informe, el Observatorio Zeres, publicado por este despacho de abogados laboralistas, que han gestionado litigios contra administraciones públicas españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo ha fallado en repetidas ocasiones en contra de las Administraciones españolas, fundamentalmente autonomías y ayuntamientos, pero en menor medida también el estado central, por haber mantenido en situación de temporales a una parte de su personal laboral por un período superior a los tres años. La normativa europea considera que esa práctica es un abuso de temporalidad.
La sentencias favorables a empleados públicos sometidos a ese abuso de temporalidad pueden derivar en el pago de indemnizaciones.
Y esas compensaciones podrían ser de 33 días por año trabajado o superiores, según ha reconocido recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un caso protagonizado por Zeres Abogados.
Así, el último Observatorio Zeres, informa Efe, hace una estimación del monto total al que podrían ascender esas indemnizaciones, calculando que existe cerca de un millón de empleados públicos temporales en las diferentes administraciones y que, aproximadamente un 30 % de ellos, se encontraría en situación abuso de temporalidad.
Según Zeres, entre 250.000 y 300.000 personas podrían terminar recibiendo indemnizaciones de miles de euros, que podrían superar holgadamente los 10.000€ en buena parte de los casos.
El informe reconoce que se trata de una estimación y que lo que termine pasando estará en función de cómo se arbitre, desde los tribunales españoles, la aplicación de los fallos de la justicia europea, pero afirma que el margen de error para estos cálculos es cada vez más estrecho.