La asistencia sanitaria de los funcionarios, en el aire después de que las aseguradoras de Muface rechacen la propuesta del Gobierno

Los más de 1,5 millones de funcionarios que reciben actualmente asistencia sanitaria en el marco del concierto de Muface, podrían ver peligrar este servicio en las próximas semanas. La renovación de ese concierto está en el aire, después de que las tres aseguradoras que prestan ahora esa asistencia —Adeslas, Asisa y DKV— hayan decidido no acudir a la nueva licitación de este servicio. ¿La razón? Alegan que las condiciones económicas que les ha puesto el Gobierno sobre la mesa son «totalmente insuficientes».

La crisis estalló el pasado viernes, cuando el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública decidió convocar a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto. Tal y como recoge Europa Press, el Ejecutivo central les propuso una subida de la prima del 14 % para los dos próximos años, una cifra inferior al alza del 24 % que les habían deslizado los responsables de Muface en los últimos días y muy alejada del incremento del 40 % que pedían las tres aseguradoras.

De hecho, mantienen estas compañías que las actuales condiciones económicas ya les suponen unas pérdidas anuales de 200 millones de euros. Según fuentes asistentes a la reunión que tuvo lugar la semana pasada, en caso de que aceptaran la oferta del ministerio y suscribieran el concierto con una subida de las primas de solo el 14 %, ese agujero se agravaría y las compañías tendrían que asumir unos costes insostenibles que están siendo espoleados tanto por la alta inflación, como por el aumento de la siniestralidad.

Vencimiento este año

La licitación del servicio que presta Muface vence este mismo año. El calendario corre en contra de la negociación, puesto que el Gobierno tiene solo tres meses para sacar a un nuevo concurso la licitación o llegar a un acuerdo con las tres aseguradoras actuales y así lograr que el servicio continúe estando operativo a partir del año que viene.

Y no es cuestión menor. Porque actualmente la mutualidad da cobertura a más de 1,5 millones de personas, teniendo en cuenta tanto a los funcionarios como a los familiares que se benefician de esa cobertura.

El problema no es nuevo. Durante el mes de septiembre, la patronal de la sanidad privada, ASPE, advirtió al Ejecutivo que una remuneración deficitaria en el concierto acabaría provocando un «éxodo» de funcionarios que irían directamente a parar al sistema público de salud, lo que se convertiría en un potencial problema para las listas de espera. Y en el mes de mayo, el presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ya adelantaba quesería «muy difícil» que Adeslas acudiera a la licitación del concierto si no se mejoraban de forma «muy notable» las condiciones económicas».

De hecho, los cálculos que ha sacado a la luz la patronal apuntan a que el concierto de Muface supone un ahorro al Estado de más de 890 millones de euros al año. Alegan que su desaparición supondría a la sanidad pública soportar un impacto económico de más de 1.000 millones de euros por el hecho de tener que absorber a los mutualistas.

Hasta ahora, la prima media de Muface ascendía a los 984 euros, tal y como detallaba la Fundación IDIS, frente a los 1.608 euros que se estiman por cada ciudadano en el sistema público.

Reacción sindical

Poco después de saltar la noticia, el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, amenazó con iniciar movilizaciones si el Ejecutivo no garantiza una financiación suficiente para el concierto. «La calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno», añadió el sindicato, que exige que se adecúe la prima para poder prestar el servicio sin los recortes acometidos en el último concierto.

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