Adeslas se abre a asumir pérdidas, pero la patronal de la medicina privada ve insuficiente la prima ofrecida y cree que es un intento de acabar con el modelo
08 oct 2024 . Actualizado a las 18:38 h.Tras el plantón de las aseguradoras a la primera convocatoria, el Consejo de Ministros ha aceptado subir el importe de la licitación del concierto de Muface, el organismo público que presta asistencia sanitaria y social a un millón y medio de funcionarios, que saldrá a concurso con una subida de la prima del 17,2 %, tres puntos por encima del 14 % de incremento que habían ofrecido inicialmente y que habían rechazado las tres empresas que prestan el servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV).
El acuerdo del Consejo de Ministros eleva la prima del servicio a 1.337 millones en el 2025 (un alza del 16,5 %) y a 1.344 millones en el 2026 (un 0,62 % adicional), lo que supone un incremento de casi 304 millones de euros a lo largo de la vida del concierto en comparación con el que vence este año.
Desde el Ministerio para la Función Pública explican que, con la subida aprobada ayer, la prima media por mutualista pasará de 1.032,12 euros anuales a 1.208,81 en el 2026 (176,69 euros).
Aunque el Gobierno defiende su propuesta recordando que en los últimos 25 años el incremento medio anual de las primas ronda el 4,4 %, la cuantía ofrecida queda muy lejos de las pretensiones de las compañías aseguradoras, que calculan que sería necesaria una subida del 38 % para que la prestación del servicio no sea deficitaria (aunque decían estar dispuestas a trocear ese incremento en varias anualidades).
De hecho, según las cuentas de estas empresas, en los últimos tres años el servicio soporta unos números rojos que rondan los 200 millones de euros por ejercicio, lo que ha obligado a que, por primera vez, el déficit de tarifa (la diferencia entre las primas abonadas y el coste asumido por las aseguradoras) se haya tenido en cuenta para calcular el importe del concierto, junto a los nuevos servicios sanitarios y el incremento de los honorarios médicos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que ya han contactado con las aseguradoras para tratar de que acepten las nuevas condiciones. Aunque ninguna se ha pronunciado en firme, desde SegurCaixa Adeslas, la más elegida entre los funcionarios de Muface, se han abierto a la posibilidad de operar con un cierto nivel de pérdidas, ya que su pretensión no es ganar dinero con este servicio, sino alcanzar un equilibrio para no agravar sus números rojos, explicaron en declaraciones a Europa Press. Matizaron, eso sí, que todavía están analizando «en detalle» las condiciones del pliego para decidir si acuden o no a la licitación.
Más de 500 euros de diferencia
Más beligerantes se mostraron desde el sindicato de funcionarios CSIF, que considera «insuficiente» la subida propuesta por el Gobierno, amenazando con movilizaciones si se producen recortes en el servicio. Una preocupación que también manifestaron desde los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles.
Desde el sector sanitario, el rechazo también fue frontal. El presidente de la patronal de la sanidad privada, ASPE, Carlos Rus, señaló que el incremento ofertado sigue siendo «insuficiente» y considera que «se quiere acabar con el modelo», pero que «sea la empresa la que diga que no y así evitar tomar la decisión de acabar con el mismo». «Si solamente en el pago de prestaciones ya está en el 107 % sobre las primas que se les pagan, pues imagínate si tienen que cubrir sus gastos fijos e imagínate si además tienen que pagarnos a nosotros», expuso en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad destacan que «mientras la inversión per cápita por persona en la sanidad pública es de 1.736 euros, en el caso de Muface, con el nuevo acuerdo, la prima sería de 1.208 euros, un 43 % inferior, y absolutamente insuficiente para soportar la asistencia por parte de las aseguradoras».
Mientras, en el Círculo de la Sanidad insisten en que la licitación aprobada «amenaza con dinamitar este sistema de colaboración público privada por infrafinanciación y falta de sostenibilidad». Si eso llegara a suceder y los 1,5 millones de funcionarios pasan al sistema público, advierten de que el gasto sanitario se elevaría de forma abrupta (723 euros más por paciente), con cargo a los presupuestos de las comunidades, además de tensionar la atención primaria y especializada y disparar las listas de espera.