Economía prevé gastar más y reducir el déficit gracias al alza del PIB y los precios

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ZIPI ARAGON | EFE

Admite que habrá un incremento de la presión fiscal, pero solo concreta que hará permanentes los impuestos temporales a las energéticas y los bancos

15 oct 2024 . Actualizado a las 20:20 h.

El Gobierno remitió este martes a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural, el documento en el que esboza el corsé presupuestario que se ceñirá en los próximos años para ajustarse a las nuevas reglas fiscales europeas, que entraron en vigor la pasada primavera y que se centran en hacer compatible la consolidación de las cuentas públicas (la reducción de la deuda y el déficit) y el crecimiento de la economía.

Un ajuste fiscal que, en el caso de España, se hará en un horizonte de siete años, pues el Ejecutivo ha decidido acogerse a la posibilidad de solicitar la extensión del plazo (que inicialmente es de cuatro años) cuando las medidas de contención del gasto se acompañan de reformas estructurales que servirán de palanca para la actividad. De hecho, Economía fía al dinamismo económico un horizonte en que sea el propio crecimiento del PIB, unido a la inflación, el que se encargue de cuadrar las cuentas, reduciendo el volumen del déficit y la deuda, pero manteniendo un fuerte impulso del gasto público, que según sus proyecciones crecerá a un ritmo promedio del 3 % anual entre el 2025 y el 2031, e incluso algo más, un 3,4 %, en los cuatro primeros años. Un aumento que podría ser mayor si el Ejecutivo exprimiese todo el potencial que prevé que otorgará el crecimiento del producto interior bruto y de los precios, pero en cada ejercicio se reserva un margen de cuatro décimas del PIB (unos 6.000 millones por año, hasta un total de 42.000 millones hasta el 2031) para ir limando el déficit —que pasará del 3 % al que se prevé que cierre este año al 1,6 % a finales del 2028 y de nuevo a la mitad, el 0,8 %, en el 2031— y la deuda —que se situará por debajo del 100 % del PIB en el 2027—.

En todo caso, el escenario que ayer presentó el ministro Carlos Cuerpo es solo un marco general, pues las medidas concretas de gastos e ingresos se seguirán proyectando año a año, dentro de los Presupuestos Generales del Estado y del plan presupuestario remitido a Bruselas. Lo único que dio por hecho el responsable de Economía es que la reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea a cambio del quinto desembolso de los fondos de recuperación (que se solicitará antes de que concluya el año) supondrá un incremento de la presión fiscal en España, aún inferior a la media europea. Pero solo aseguró la extensión de los impuestos a los bancos y las energéticas, que se harán permanentes, sin desvelar qué otras figuras impositivas se modificarán para lograr una mayor recaudación más allá de la que aporte el propio crecimiento económico. Aunque no hay detalles de las medidas, sí lo dieron de las cifras, ya que cuantifican que esa subida fiscal contribuirá a reducir el déficit en cerca de un 0,3 % del PIB, esto es, unos 4.500 millones de euros.

Pero habrá que esperar al borrador presupuestario (que España ya ha anunciado que no presentará en plazo a Bruselas) para concretar la letra pequeñas de las reformas adicionales previstas en este plan, que además de medidas tributarias incluye otras en el apartado energético (incrementando los objetivos de despliegue de renovables) y tecnológico (con una estrategia de inteligencia artificial).

Mientras llegan los Presupuestos —pendientes del acuerdo entre el Gobierno y sus socios de investidura y de los que depende la continuidad de la legislatura—, la Comisión Europea tiene hasta el 30 de noviembre para emitir un dictamen sobre el plan fiscal.