Alcoa reclama 73 millones en ayudas públicas y aliviar sus compromisos para no cerrar San Cibrao
ECONOMÍA
La compañía descarta una venta y condiciona a estos requisitos el preacuerdo anunciado con Ignis para recibir fondos, mientras que el comité estudia interponer una denuncia penal por incumplimiento del pacto de viabilidad
18 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La larga crisis en Alcoa San Cibrao da una nueva vuelta de tuerca. A minutos de iniciarse la conferencia de resultados del tercer trimestre del año, la aluminera estadounidense anunció que «avanza hacia un pacto» con Ignis Equity Holdings para que el accionista mayoritario del grupo empresarial energético Ignis apoye con 25 millones de euros las operaciones en el complejo industrial, obteniendo en contrapartida una participación del 25 %. Este principio de acuerdo está supeditado a recibir dinero de las Administraciones y a que los sindicatos accedan a rebajar las condiciones del acuerdo de viabilidad por el que se pararon las cubas de la planta de aluminio primario a cambio de reformar las instalaciones, mantener los empleos y retomar al cien por cien la producción. El jefe mundial de la firma, Bill Oplinger, concretó a los analistas una de las condiciones de las que, argumentó, depende evitar el cierre: que el Gobierno aporte 80 millones de dólares (73,7 millones de euros) a la causa.
La propuesta de acuerdo con Ignis Equity Holdings supone el fin de las conversaciones para la venta del complejo de A Mariña, proceso que Alcoa anunció en primavera, cuando propuso sin éxito al comité de empresa una segunda modificación del pacto de viabilidad. Asegura la multinacional que «no hubo ninguna oferta viable por el cien por cien de las operaciones en San Cibrao» —deja entrever así que sí pudo haberlas por la refinería de alúmina—.
Cerrada la puerta a la venta, la propuesta de entente con Ignis Equity Holdings incluye que «adicionalmente, hasta cien millones de euros serían financiados por Alcoa según lo que necesiten las operaciones (...). Si se requiere financiación adicional, ambos socios deben acordarlo y será cubierta en un 75 % por Alcoa y en un 25 % por Ignis Equity Holdings», indica la compañía.
Todo ello está «en negociación», precisaron este jueves fuentes de Ignis Equity Holdings, que desligaron este de otros proyectos, como la planta de amoníaco verde que promueve en A Coruña otra pata del grupo empresarial.
A cambio de encontrar un inversor, Alcoa exige al Gobierno «un apoyo sustancialmente mayor en las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2». Así rezaba el comunicado de la multinacional, aunque la jefatura fue más clara. «Entre el 2018 y el 2021, con la planta de aluminio en funcionamiento, no percibimos esas cantidades. Presentamos reclamaciones contra el Gobierno. Queremos esos 80 millones de dólares ya que producimos y pagamos a todos los empleados», dijo Oplinger en una charla en la que Alcoa reportó músculo: 124 millones de euros de beneficio neto global entre junio y septiembre. Pese a la mejoría del mercado, matizó, no se retomará por el momento la producción en San Cibrao, más allá de haberse reiniciado, tal y como requería el acuerdo de viabilidad, 32 de las 512 cubas de la electrolisis sancibrense.
Otra de las exigencias de Alcoa es la aprobación de la ampliación de la balsa de lodos de la refinería. La Xunta anunció este jueves que este proyecto cuenta ya con declaración de impacto ambiental.
Alcoa también exige la autorización de los parques eólicos vinculados al suministro de energía de la planta de San Cibrao.
A la espera de conocer «detalles», la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, interpretó el anuncio como «un camiño de futuro». Fuentes del Ministerio de Industria consideraron «favorables todas las acciones» para «la viabilidad de la planta», versión que coincidió con la del delegado del Gobierno central, Pedro Blanco, que ve el preacuerdo «positivo».
Más fría se mostró la plantilla. Alcoa le reclama renegociar de nuevo un acuerdo de viabilidad firmado en diciembre del 2021 y reformulado en marzo del 2023, cuando los trabajadores dieron a la empresa más tiempo para cumplir lo comprometido. La multinacional demanda «acceso al depósito de garantía» de 85 millones de dólares y «el aplazamiento o la sustitución de compromisos de capital en proyectos de inversión». La mejora clave es el horno de cocción de ánodos, cuya ejecución la compañía congeló sine die en una medida que para el comité supone «un cierre encubierto», al ver inviable funcionar a largo plazo con ánodos de importación.
Las centrales, que se reunirán este viernes en un pleno urgente para valorar el anuncio, expusieron ayer de hecho que estudian «una denuncia por la vía penal» ante Alcoa por «el incumplimiento del acuerdo de viabilidad (...), por los delitos de descapitalización, estafa y sustracción de bienes».
¿Cuánto tiempo tendrán para posicionarse? Alcoa, que ha fijado plazos cortos de respuesta a sus sucesivas proposiciones, sostiene que de no recibir la cantidad reclamada, no tener acceso al dinero restringido y ser rechazada por los sindicatos, los fondos para San Cibrao se agotarán «a final de año o a principios del 2025». En ese caso, Oplinger advierte de nuevo sobre «decisiones difíciles». «Si anunciamos esto ahora es porque queremos que Administraciones y sindicatos entiendan que necesitamos cooperación», remarca.