La Xunta valora que por primera vez prevalezca el interés público superior en un fallo sobre infraestructuras eólicas

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

Infraestructura eléctrica gallega, en foto de archivo
Infraestructura eléctrica gallega, en foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

El TSXG denegó la suspensión cautelar que pedía una organización ecologista por posibles daños ambientales

14 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El fallo dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que deniega la suspensión cautelar de una infraestructura de transporte de energía eléctrica proyectada para dar servicio a cuatro parques eólicos ubicados en varios municipios de Ourense y Pontevedra ha sido acogido con satisfacción por el Gobierno autonómico. Carmen Bouso, secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, subrayó que es la primera vez que se hace valer la doctrina comunitaria —que ya ha sido traspuesta a la normativa gallega— que declara el interés público superior de las instalaciones eólicas.

Tres de los cinco magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal aplican ese precepto para rechazar la medida cautelar solicitada por la asociación ecologista Petón do Lobo, mientras que el presidente, Francisco Javier Cambón, y Luis Villares —que fue candidato de En Marea— emitieron sendos votos particulares a favor de aplicar la paralización, ante una posible afectación medioambiental.

Gran parte de las medidas cautelares dictadas hasta el momento por el TSXG se basan precisamente en esa protección del entorno, pero el fallo, fechado el pasado día 6, pondera los intereses en conflicto y subraya que la ejecución de esa infraestructura «ha sido declarada de utilidad pública para proceder a la urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten afectados», lo que «prevalece frente a la protección del medio ambiente, al entender que no se ha acreditado que exista un riesgo real y efectivo de que se causen daños irreparables o de difícil reparación».

Para la Xunta, la división de opiniones al respecto en el seno del TSXG también es novedosa.