Sanidad aboga por acabar con Muface y enviar a 1,1 millones de funcionarios al sistema público

Muface podría desaparecer a finales de septiembre del 2025 y abocar a la sanidad pública a más de 1,1 millones de funcionarios y sus familias que hasta ahora habían optado por un modelo de salud privado (cerca de medio millón ya habían elegido voluntariamente la cobertura pública). El Gobierno da un paso adelante en la eliminación de este sistema de sanidad privado que impera entre los empleados públicos desde hace más de cuatro décadas y plantea acabar con Muface.

Este es el plan que tiene el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y que detalla en un informe elaborado ad hoc en el que por primera vez en la historia pone sobre la mesa la posibilidad de pasar a la pública a los casi 1,1 millones de funcionarios cubiertos por este sistema. Lo propone tras el rechazo por parte de las aseguradoras privadas a seguir prestando este servicio ya que, también por primera vez en la historia, los actuales concesionarios del servicio —DKV, Asisa y Adeslas—decidieron no presentarse el concurso de renovación del concierto al considerar que la subida del 17 % que aprobó el Gobierno para los próximos dos años es totalmente insuficiente y seguirán abocándoles a fuertes pérdidas económicas.

Y, en este sentido, el Ministerio de Sanidad les da ahora la razón. «El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la [aportación per] cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso», según advierte el informe..

Ante esa situación, Sanidad considera necesario realizar un «análisis concreto» de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas y la incorporación de esta población, con sus particularidades (menor carga de morbilidad y morbilidad compleja en comparación con su misma franja de edad en la población general, hábitos de interacción con el sistema sanitario basados en otro tipo de sistema…). En Galicia, la supresión de Muface incrementaría en un 2,3 % la población cubierta por la sanidad pública, dos décimas más que en el conjunto de España.

Eso sí, señala que la incorporación al la sanidad pública debería hacerse, en todo caso, anteponiendo la continuidad en la atención, la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente, especialmente en pacientes en situaciones singulares como final de la vida o pacientes oncológicos de alta complejidad. «Poner al paciente en el centro a la hora de llevar a cabo la transición puede reducir los posibles errores y favorecer el aprovechamiento de las virtudes del Sistema Nacional de Salud tales como la presencia de la atención primaria, factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada», argumenta.

En cualquier caso, Sanidad no es quien tiene la última palabra en este tema que depende directamente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, por lo que precisa que el Gobierno tiene ante sí dos opciones: tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras o prorrogar durante nueve meses el concierto actual, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud.

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