¿Por qué quiere el Gobierno que los funcionarios adscritos a Muface (63.000 en Galicia) pasen a la sanidad pública? ¿Está Muface en quiebra? Los afectados han criticado con dureza la propuesta. Jose Francisco Méndez Castro, presidente de CSIF Galicia, contesta:
—¿Qué es Muface?
—Es un organismo autónomo y público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública y gestiona un potente conjunto de prestaciones para la protección de su colectivo, constituido por 1.500.000 personas aproximadamente. Cuenta con un presupuesto de unos 1.750 millones de euros (dato del 2018) y, lo más importante, una plantilla de 850 personas. En Muface se integra la gestión del plan de pensiones de la Administración General del Estado, cuyo patrimonio se sitúa en torno a los 640 millones y tiene más de 640.000 partícipes, lo que lo sitúa como el mayor plan de pensiones de empleo de Europa por número de partícipes.
— ¿Cómo funciona Muface?
—Al adquirir la condición de funcionario de carrera del Estado se pasa obligatoriamente a formar parte del mutualismo. Está integrado por Isfas (para las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa), Mugeju (para el personal de Justicia) y Muface para el personal de la Administración civil). Somos unos dos millones y medio de personas en total. El modelo de asistencia es mixto. Como mutualista puedes elegir libremente entre: asistencia sanitaria concertada (actualmente Asisa, DKV y Adeslas) o asistencia sanitaria pública. Cada mes de enero los usuarios pueden cambiar de entidad prestadora del servicio.
—¿Por qué un empleado público elige la sanidad privada?
—Existen más de 1.500.000 mutualistas solo de Muface. Cada uno de ellos tiene sus razones para elegir un sistema u otro. Sobre un 33% de los mutualistas eligen el sistema público.
—El Gobierno dice que el sistema no es sostenible por el envejecimiento de los mutualistas acogidos a la sanidad privada.
—Eso es una media verdad. Ningún sistema sanitario es sostenible si no se financia adecuadamente. La situación demográfica de los mutualistas es la misma que la de la sociedad española, y la no financiación adecuada del mutualismo corresponde a motivos estrictamente ideológicos pues la necesidad de incrementar la financiación del sistema sanitario es global.
—¿Considera que el Gobierno central (PSOE y Sumar) cree en la sanidad privada?
—Nosotros defendemos los servicios y a los empleados públicos. Para nosotros, la sanidad privada debe ser complementarias de la pública, y desde luego no compartimos que por motivos ideológicos se quiera asfixiar la sanidad privada, aunque sea al coste de dañar a la vez la sanidad pública.
—¿Cree que por este conflicto, y como revancha, el Gobierno intentó un incremento de los impuestos en las pólizas de las aseguradoras privadas?
—No sé si es revancha; lo que tengo claro es la tremenda improvisación en este tema. Tras el fracaso de la licitación con las compañías sanitarias, se lanza un globo sonda con que se va a limitar el derecho de los mutualistas a la elección de quién le presta los servicios sanitarios, a continuación se pretende incrementar la fiscalidad de las pólizas de salud, y posteriormente se filtra un informe del Ministerio de Sanidad, no consensuado con las comunidades autónomas en el que se dice que la cuantía económica que se transfiera desde la asistencia que se da a los mutualistas, debería resultar suficiente.
En mi opinión, con la salud de la población no se juega, no se pueden tomar decisiones de este calado sin informes rigurosos y sin medir con las comunidades autónomas el impacto de la integración del mutualismo en los servicios de salud.