La Justicia abre la puerta a recuperar las pagas extras íntegras de los funcionarios

Fue en el 2010 cuando el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció la primera merma salarial de la historia para los funcionarios —con el real decreto-ley 8/2010, del 20 de mayo—, como parte de un paquete de «medidas extraordinarias». Lo hizo acompañada de otra larga ristra de ajustes en el gasto público con la intención de reconducir el déficit.

Desde entonces, y más de una década después, el colectivo de trabajadores públicos sigue reclamando el dinero que el Estado le sustrajo de sus pagas extra. La factura total asciende a unos 30.000 millones de euros y afecta a dos millones de trabajadores, según ha calculado el sindicato CSIF, que el año pasó llevó al Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar la recuperación de estas cuantías.

Desde el 2010, la paga extra sufrió una merma media de 1.600 euros al año entre el colectivo de médicos, jueces, ingenieros e inspectores (grupo A1); de 1.200 euros para enfermeras y maestros (grupo A2) y de 500 euros para los policías locales (C1). Esto significa, como estima el sindicato, que la plantilla ha trabajado en esta última década entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional de cada empleado. 

Impacto presupuestario

La mesa del Congreso tomó la decisión en mayo del 2023 de no tramitar la ILP por su potencial impacto presupuestario. Un agujero de 30.000 millones de euros —equivale al coste de reconstrucción que ha hecho la Generalitat valenciana tras la dana— en plena fase de consolidación de las cuentas puede hacer saltar las costuras del Estado.

Sin embargo, este no es un argumento válido para el Tribunal Constitucional (TC), que ha aceptado a trámite el recurso de CSIF contra el portazo del Congreso.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Efe, el alto tribunal considera que concurre una «especial trascendencia constitucional» en este caso porque el asunto suscitado «pudiera tener unas consecuencias políticas generales».

Desde CSIF han denunciado que los argumentos esgrimidos por la Mesa del Congreso «no viene configurada en ningún precepto de nuestro ordenamiento como causa que permita pronunciarse en el sentido de inadmitir la proposición». Al no ajustarse a las causas legales previstas para rechazar una ILP, se entiende que existe una vulneración del derecho fundamental de participación.

Con esta decisión, el Constitucional abre la puerta a recuperar el dinero retenido de los funcionarios, pero no será, ni mucho menos, un camino sencillo. En principio, se podrá debatir en la cuestión en el Congreso, pero para ello, CSIF deberá reiniciar el proceso, recogiendo medio millón de firmas con el fin de presentar la ILP de nuevo. Solo entonces se podrá poner sobre la mesa sus demandas.

Movilizaciones

El colectivo de trabajadores públicos denuncia que, desde aquella fecha (2010), la plantilla de las Administraciones Públicas ha sufrido una merma del 20% de su poder adquisitivo. No solo por el recorte de las pagas extra, también por las congelaciones salariales o las subidas por debajo del IPC.

Es por ello que este lunes los funcionarios se volvieron a manifestar frente al Ministerio de Hacienda y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias españolas, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo para subir los salarios — el convenio actual ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde el 2022—, recuperar la estructura salarial previa al 2010 —con el reembolso íntegro de las pagas extra retenidas—, una mayor oferta de empleo público en el 2025, una mejor dotación presupuestaria para Muface y acelerar el proceso de estabilización de plazas de interinos.

---

---

---