La pensión mínima y no contributiva subirá entre el 6 % y el 9 % en el 2025
ECONOMÍA
El Gobierno aprueba la reforma que hace compatible el trabajo y la jubilación
23 dic 2024 . Actualizado a las 19:34 h.Las pensiones mínimas y no contributivas subirán hasta más del triple que las del resto de las contributivas para ir mejorando la capacidad adquisitiva de este colectivo de personas que son el eslabón más vulnerable. El Gobierno aprobó ayer un incremento de las pensiones mínimas de alrededor del 6 % en el 2025, frente al 2,8 % que aumentan con carácter general el resto de las prestaciones. Pero el porcentaje para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares se elevan mucho más, un 9,1 %. Además existe un incremento del 9 % para las pensiones no contributivas y también para el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras que el complemento por brecha de género aumenta un 8,1 % y asciende hasta los 35,9 euros al mes por hijo.
El último Consejo de Ministros del año, celebrado ayer, dio luz verde a las nuevas cuantías de las pensiones del sistema para el 2025: la paga mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros del 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en el 2024 ha sido de 14.466,2 euros). La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65 % alcanza los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75 % se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8 %.
Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán en un 6 %, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.
Jubilación parcial
El Consejo de Ministros de ayer aprobó cambios también para los trabajadores que quieren compaginar su empleo con el cobro de una pensión. Son las nuevas reglas para la jubilación parcial y activa que culminan la reforma de iniciada en el 2021 por José Luis Escrivá y que entrarán en vigor el 1 de abril del 2025, una vez que reciba el visto bueno del Congreso.
Finalmente el real decreto aprobado no recoge ningún tipo de endurecimiento de estas modalidades de jubilación que permiten combinarla con un empleo —como así se pretendía en un principio—, sino todo lo contrario: son mejoras encaminadas a que los trabajadores vayan saliendo del mercado laboral de forma gradual y flexible, como en otros muchos países europeos.
Así, a partir del próximo 1 de abril, los empleados de cualquier sector podrán jubilarse de forma parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria de retiro (uno antes que ahora), lo que les permitirá acceder a partir de los 62 años y con 33 cotizados. Además, mejoran las condiciones del trabajador relevista, que tendrá que tener un contrato indefinido a tiempo completo, y mantenerse durante al menos dos años después de la extinción de la jubilación parcial. El único pero es que durante el primer año la reducción de jornada del jubilado se acorta y deberá oscilar entre un mínimo del 20 % y un máximo del 30 % (frente a la horquilla actual de entre el 25 % y el 50 %). A su vez, los trabajadores de la industria manufacturera podrán mantener sus actuales ventajas de jubilarse de forma parcial a partir de los 61 años hasta finales del 2029, aunque con algunos ajustes para mejorar las condiciones del relevista.
De igual manera, se facilita la jubilación activa al eliminar el requisito de exigir una carrera completa de cotización. Esta modalidad de retiro se hace compatible con los incentivos de demora, que además se pagarán cada seis meses a partir del segundo año de retraso del retiro, por lo que no habrá que trabajar todo un año completo para poder recibir dicho premio.
Un mecanismo para proteger los empleos del motor y prórroga del plan Moves
La crisis global de la industria del automóvil y las dificultades a las que se enfrenta el sector en el 2025 han llevado al Gobierno a activar una nueva fórmula para proteger el empleo de fabricantes y proveedores instalados en España. El denominado mecanismo RED, aprobado ayer en Consejo de Ministros, es una herramienta incluida en la última reforma laboral, y permite activar una especie de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ante crisis sectoriales. La ventaja es que no consume paro y ofrece ventajas en el pago de las cotizaciones a las empresas que se acojan a él.
«La activación del Mecanismo RED en el motor permitirá hacer frente a los cambios estructurales que requieren la recualificación de las personas trabajadoras para proteger el empleo y garantizar la competitividad futura de un sector, el de la automoción, estratégico para la economía española», explicó el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado en el que resaltó que el automóvil supone el 10 % del PIB nacional.
Todo apunta a los primeros acogidos a esta medida laboral serán los más de 4.000 empleos que dependen directamente de la factoría valenciana de Ford, además del personal de los fabricantes de componentes que trabajan para ella. La fábrica de Ford no sufrió daños por la dana que azotó Valencia el pasado 29 de octubre, pero sí tuvo que parar su actividad por los destrozos en uno de sus proveedores, y echará mano de este mecanismo para asegurar el empleo hasta la llegada de un nuevo modelo en el 2027.
Ayudas a la compra
Además, para incentivar el mercado, el Ejecutivo ha aprobado la prórroga del programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga Moves III (dotado con 1.550 millones de euros) hasta el próximo 30 de junio (caducaba este 31 de diciembre), período en el que las comunidades autónomas podrán seguir atendiendo las peticiones de ayuda que reciban para la adquisición de un vehículo cero emisiones.. Esta ayuda se suma a la continuidad por un año más de la deducción de hasta un máximo de 3.000 euros en la compra de vehículos eléctricos en el IRPF.
Sube el IVA de la luz y los alimentos básicos, continúa el escudo social y se crea el registro de alquileres turísticos
Las ayudas anti inflación se terminan con el 2024 y la vuelta a la normalidad fiscal, a partir del 1 de enero, se dejará sentir en el bolsillo de los consumidores españoles. La rebaja del IVA de la luz y de los alimentos que el Gobierno puso en marcha para frenar la escalada de precios derivada de la guerra de Ucrania, llega a su fin el 31 de diciembre, después de que, como estaba previsto, el Ejecutivo no haya contemplado la prórroga de estas medidas en ninguno de los cuatro reales decretos ley aprobados ayer, en el último consejo de ministros del 2024. En resumen: desde el 1 de enero, el IVA de la factura de la electricidad pasará del 10 % actual al 21 %; el IVA de los alimentos básicos (pan, huevos, verduras o fruta) subirá del 2 al 4 %, mientras que pastas y aceites de semilla vuelven a tributar al 10 %.
El Ejecutivo ha prolongado la excepcionalidad del bono social de electricidad destinado a los consumidores vulnerables que se reforzó (hasta el 60 y 80 %, según los casos), pero a partir de enero, comienza una progresiva vuelta a la normalidad: las subvenciones pasarán del 60 al 50 % hasta el 1 de julio, en que bajará al 42,5 %; y el 1 enero del 2026 se quedarán en el 35 % inicial. Los calificados como vulnerables severos dirán adiós a la ayuda del 80 % y pasarán a tener un descuento del 65 % a partir del 1 de enero; del 57,5 % desde el 1 de julio, y del 50 % en el 2026. El Ejecutivo prolonga un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.
En el ámbito fiscal, el Consejo de Ministros ha pospuesto la subida del impuesto del diésel, que seguirá negociándose en la coalición de gobierno. Sí ha aprobado un nuevo gravamen temporal sobre las energéticas para el 2025, que incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las Haciendas forales.
En materia de vivienda, el Ejecutivo ha dado luz verde a la esperada ventanilla única que conectará a la Administración con las plataformas digitales para controlar los alquileres turísticos y los temporales. La medida entra en vigor el 2 de enero, pero no se aplicará hasta el 1 de julio, cuando acaba el período de transición para que las empresas puedan adaptarse. A partir de entonces, los alojamientos con alquileres de corta duración tendrán que tener un número de identificación.
Otra de las medidas aprobadas ha sido la extensión del denominado escudo antiopas hasta el 31 de diciembre del 2026 para proteger la españolidad de las grandes compañías de sectores estratégicos frente a intereses extranjeros.