El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca como objetivo que, en el 2030, España cuente con una capacidad instalada de almacenamiento de 22 gigavatios, frente a los 8 actuales, 6,2 de los cuales se corresponden con centrales hidroeléctricas de bombeo. Frente a otros países europeos, en los que se han dado pasos con más celeridad en ese camino, a nivel nacional los proyectos para impulsar las baterías se están encontrando con más trabas. Así lo recoge un estudio realizado por la consultora beBartlet, en colaboración con Our New Energy (ONE), especialista en asesoramiento energético. Esa coyuntura implica un auténtico freno al despliegue de las renovables en un país que acaba de cerrar un año en el que el 56 % de toda la generación de electricidad de sus plantas energéticas tiene sello verde.
«En España, la electrificación de nuestra economía avanza a un ritmo mucho más lento de lo que lo hace el despliegue renovable», subraya el estudio, y solo sostiene el 22 % del mix energético nacional. «La reducida implementación de bombas de calor, la baja penetración del vehículo eléctrico y el aún escaso uso de electricidad en procesos industriales en nuestro país nos llevan a una situación en la que se genera más electricidad renovable de la que se consume», describe, para añadir que «esto conlleva vertidos de energía, que en el 2023 alcanzaron un 1,18 %» del total producido con fuentes no fósiles.
De ahí la importancia de que se incrementen este tipo de sistemas, que tienen también un efecto reductor sobre los precios. «Las instalaciones permiten almacenar energía que se produce en horas de precios bajos para poder usarla en las horas de picos de precios», subrayan los expertos.
Sin embargo, una regulación incompleta y las dudas sobre el tipo de suelo en el que pueden asentarse los parques de baterías arrojan incertidumbre a los promotores, y orientan las inversiones hacia otros países. Alemania, Italia y el Reino Unido son los principales mercados de almacenamiento de energía en baterías. El país germano, con el 33 % de la cuota, exime a las instalaciones fotovoltaicas y de almacenamiento del pago del IVA, además de que contempla subvenciones de hasta el 25 % para acelerar su despliegue y les otorga conexiones preferentes.
En el Reino Unido, el incremento de este tipo de sistemas ha ido parejo a las subastas de los mercados de capacidad, que en España también está dando los primeros pasos, tras la salida a información pública del proyecto de orden por el que se regirá.
Algunas propuestas
Para ONE, el establecimiento de ese mercado; la simplificación administrativa —con actuaciones como la ventanilla única, o la evaluación ambiental simplificada—; propiciar que las baterías participen de forma más competitiva en el mercado eléctrico y el establecimiento de otros incentivos son claves para facilitar su generalización en España.