La Xunta ya tiene 24 de sus 27 informes para la tramitación ambiental de Altri
ECONOMÍA
Otros nueve estudios dependen de entidades ajenas al ámbito autonómico
04 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El proyecto de Greenfiber, filial de la multinacional lusa Altri, de construir una planta de fibras textiles a base de celulosa en el municipio de Palas de Rei con una inversión de mil millones de euros requiere la emisión de 36 informes sectoriales, elaborados por distintas administraciones. La Xunta es responsable de 27. De ellos, 24 son definitivos y otros tres están pendientes de analizar información adicional requerida a la empresa, según fuentes del Gobierno autonómico. Los restantes dependen de otras entidades, incluyendo las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra, los concellos de Palas de Rei, Santiso, Melide y Agolada o el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ninguno de los informes tiene un plazo máximo de elaboración y es complicado saber cuándo estarán listos con exactitud, ya que las Administraciones pueden solicitar a los promotores información adicional. Por ejemplo, Augas de Galicia requirió a la empresa que presentase un modelo de simulación para analizar si el río Ulla será capaz de asimilar el vertido de la planta. Greenfiber lo encargó al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, una entidad puntera en la investigación en ese campo, que según fuentes de la Xunta concluyó que se mantendrá el buen estado del agua.
Sí tiene plazos, de dos meses por ser un proyecto industrial estratégico, la tramitación de la declaración de impacto ambiental (DIA). Ese plazo empezará a contar cuando la Consellería de Medio Ambiente, que debe redactarla, reciba el expediente completo desde la Consellería de Industria. Es probable que ese trámite comience de forma inminente, ya que, de los informes que faltan, solo dos son necesarios para la DIA. En una fase posterior del proceso se gestionará la autorización ambiental integrada (AAI), que sí precisa todos los análisis en trámite.
Aunque la Xunta no lo ha confirmado, todo indica que los 24 informes definitivos rubricados hasta el momento son positivos. Así ha sido el caso del de Augas de Galicia, que concluye que el proyecto de Greenfiber es «compatible con los objetivos medioambientales» y no causará «impactos significativos» en el estado ecológico del río Ulla ni del embalse de Portodemouros.
Después de que el sábado trascendiesen esas conclusiones, la Confederación de Empresarios de Lugo consideró que la planta es «una oportunidad histórica» para el desarrollo industrial.
El BNG calificó la planta de «atentando ambiental» y consideró el dictamen «una cacicada». Los nacionalistas acusaron a la Xunta de «amañar todos os informes» mediante «irregularidades de todo tipo e presións ao persoal da Administración».
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó las «descualificacións descarnadas e inxustas aos técnicos que fan o seu traballo» por parte del Bloque.
El titular de la Xunta también afirmó que «Altri sería o proxecto estrela do BNG se gañaran as eleccións». En el 2022, los nacionalistas votaron en el Parlamento a favor de la planta, y empezaron a criticarla tras las autonómicas de febrero del 2024.
Greenfiber y Greenpeace
A raíz del informe, fuentes de Greenfiber afirmaron que su equipo técnico «ha trabajado con el máximo rigor para dar la mejor solución a cada uno de los aspectos que rodean el proyecto de GAMA». Sobre el agua, la empresa aseguró que son conscientes de que es un recurso valiosísimo: «Y, como tal, lo hemos contemplado en el desarrollo del proyecto, con una inversión muy importante para aplicar la tecnología más avanzada del mundo y garantizar que no perjudicaremos el estado actual del río».
Además, la firma dijo que se ha dado una respuesta rigurosa y exhaustiva a todos los aspectos del que quieren que sea uno de los proyectos más importantes de la industria ya no en Galicia sino también en España, por lo que supondrá tanto para el sector forestal como para el textil: «Y esto, como no puede ser de otra manera, requiere su tiempo».
Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace demandó la paralización del proyecto y una investigación independiente para depurar responsabilidades después de las «sucesivas filtraciones a la prensa de supuestos informes sectoriales». La entidad considera que la decisión de instalar la planta ya estaba tomada antes de encargar esos análisis.