El Gobierno defiende su irrupción en la opa y descarta un conflicto con Bruselas

Las reticencias mostradas por Bruselas frente a la maniobra del Gobierno para intervenir en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell —levando al Consejo de Ministros la oferta— ha generado cierta preocupación y extrañeza en el Ministerio de Economía, que ha salido de inmediato a defender su capacidad legal para imponer nuevas condiciones en base al interés general, más allá de las establecidas por Competencia.

«Espero que no haya ningún tipo de conflicto», indicó el ministro Carlos Cuerpo, después de que la Comisión Europea expresase que no hay razones para que el Ejecutivo entorpezca la operación. Fuentes de la Comisión Europea trasladan cierto malestar ante la intervención del Gobierno después de que las autoridades competentes, incluidos Competencia y el BCE, hayan emitido su dictamen favorable. «En consecuencia, no tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de la operación y esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», indican las fuentes consultadas.

Cuerpo insistió en que, en lo que respecta al marco legal, están «siendo muy respetuosos con los procedimientos y respetando todos los plazos». «Nuestra normativa doméstica está alineada con los objetivos de la europea», insistió, recordando que hay que diferenciar entre el ámbito regulatorio, «donde estamos siendo muy escrupulosos y garantistas» y el fondo de la discusión en Bruselas, «sobre cómo tenemos que avanzar hacia la consolidación del sistema bancario para competir, al tiempo que se protege el crédito a pymes, el empleo y la presencia territorial de las entidades».

Las dudas en torno al concepto de «interés general» sobre el que se basarán esas condiciones han sido constantes desde que se conocieron las intenciones del Ejecutivo. En este sentido, Cuerpo indicó que «el concepto en operaciones del sistema financiero tiene unas dimensiones muy claras», en referencia a factores como la inclusión financiera o el empleo.

Precisamente, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, detalló las condiciones que su formación reclama en este proceso. Entre ellas, la prohibición de despidos, que estima que afectaría a unos 4.000 trabajadores, así como el cierre de sucursales «que perjudicaría especialmente a zonas rurales» y determinadas regiones como Cataluña.

Sumar defiende también que se proteja el crédito a pymes y que se obligue a BBVA a mantener las condiciones a sus clientes, también particulares. Un requisito que el banco vasco ya pactó con la CNMC para determinados segmentos durante un período de tres años, prorrogable a otros dos. «Esta operación, de enorme relevancia económica debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo», detallaron en un comunicado, a pesar de que la ley no permitiría este último punto.

Abanca como ejemplo

Cuerpo también destacó la necesidad de contar con una mayor diversificación en el sistema bancario. Y lanzó un aviso a navegantes: «En el proceso de consolidación de la última década, las entidades que se mantienen como último banco en los pueblos donde cierran el resto son pequeñas, con otros objetivos distintos a la rentabilidad, como la acción social. Un ejemplo es el de Abanca», señaló.

El nombre de la entidad dirigida por Juan Carlos Escotet no es casual, pues es uno de los que ha aparecido en las quinielas en torno a una posible fusión con Sabadell, en caso de que no triunfe la opa de BBVA. Operación en la que el banco gallego ha negado tener interés alguno.

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