La renta de los jubilados aumentó un 8 % desde el 2008; la de los jóvenes cayó un 10 %
ECONOMÍA
Ángel de la Fuente (economista): «El sistema actual de protección social presenta un sesgo muy importante hacia los mayores»
18 jun 2025 . Actualizado a las 17:11 h.Son un colectivo cada vez más pequeño, más precarizado y más pobre, pero soportan una mayor carga fiscal. Hablamos de los jóvenes, los grandes olvidados en un país donde el voto de los pensionistas puede dar la victoria en unas elecciones. No son habladurías. Son datos. Desde el 2008, la renta de los mayores de 65 años aumentó un 8 %, sin embargo, la de los jóvenes se hundió un 10 %. Han perdido poder adquisitivo y cada vez tienen que aportar más a las arcas públicas para sostener unas pensiones que no se pueden sufragar únicamente con las cotizaciones del pasado.
Así lo han constatado los expertos del Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que este miércoles han hecho una radiografía de la situación económica de los jóvenes en España. Su diagnóstico pone de relieve las dificultades crecientes a las que se enfrenta este colectivo, que sufre una «doble desventaja estructural», como explicó el economista José Ignacio Conde-Ruiz: la pérdida del impulso demográfico que antes sostenía el crecimiento económico y una menor capacidad de influencia política debido al envejecimiento del electorado. En otras palabras, cada vez son menos los jóvenes disponibles para sostener el sistema y su peso en las decisiones políticas es menor, porque el grueso del electorado se concentra en los pensionistas.
Y esa es la razón por la que las políticas fiscales en España estén contribuyendo a aumentar la desigualdad intergeneracional. «Aunque muchos jóvenes no tributan por el IRPF debido a sus bajos ingresos, sí asumen una carga significativa en cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan más a quienes destinan casi toda su renta al consumo. Este esfuerzo fiscal contrasta con el contexto que tuvieron generaciones anteriores, que accedieron a empleo más estable, salarios más altos y beneficios fiscales hoy eliminados, como la deducción por compra de vivienda. Además, buena parte del gasto público se orienta a financiar pensiones generosas, mientras los jóvenes cuentan con escasas ventajas fiscales y sin garantías de retorno futuro. Esto alimenta una creciente sensación de injusticia intergeneracional en la distribución de los recursos públicos», señaló Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE).
Para muestra, el gasto público: el 30 % se va a las pensiones, «mientras se infrafinancian políticas clave para los jóvenes, como la educación, la innovación o el acceso a la vivienda», añade Conde-Ruiz. Algo en lo que coincide el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín: «Lo que era válido hace 15 años ya no lo es, hace falta un cambio estructural».
Sobre ese desequilibrio abundó el director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien admitió que el sistema actual de protección social «presenta un sesgo muy importante hacia los mayores». La brecha entre lo que se cotiza y lo que se desembolsa en pensiones obliga todos los años a hacer «grandes y crecientes» transferencias de recursos procedentes de los impuestos a esta partida, en lugar de aquellas como la educación o la vivienda que benefician más a los jóvenes. «Este desequilibrio debería corregirse», apostilló.
Precariedad laboral y problemas de vivienda
Más allá de la fiscalidad, los jóvenes se enfrentan a otros retos que lastran sus expectativas vitales: la elevada precariedad laboral (seis de cada diez contratos a menores de 30 años son temporales), las dificultades crecientes para acceder a una vivienda (cada vez es más caro comprar o alquilar un inmueble) y los desajustes entre su formación y lo que demandan las empresas (la brecha de competencias tecnológicas entre lo que se oferta y lo que pide el mercado laboral es del 37 %).
A todo eso se suma una legislación laboral «rígida», según los economistas, que desplaza la necesidad de flexibilidad (contratos precarios) hacia los colectivos más vulnerables, «especialmente los jóvenes».
Además, aunque existen algunas medidas autonómicas de alivio fiscal, lo cierto es que la carga de los impuestos indirectos es tan grande para ellos, que esas rebajas apenas surten efecto.
¿Qué proponen los expertos? Entre la extensa lista de sugerencias que lanzan los economistas se incluye la introducción de incentivos fiscales al ahorro juvenil para la emancipación o el emprendimiento, la reducción del déficit estructural «para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras», más ayudas a la crianza y a las familias más vulnerables, aumentar la construcción de vivienda asequible en zonas de alta demanda mediante la liberalización de suelo, ampliar las ayudas al alquiler para jóvenes con menor renta (focalizándolas en hogares por debajo del umbral de renta más extendido), aprobar exenciones fiscales, deducciones estatales y esquemas de aval público para comprar vivienda e invertir más recursos en políticas públicas orientadas a su formación. Este último punto es clave porque, a falta de mano de obra que cotice en el futuro, es necesario mejorar la productividad por trabajador, y eso, con un mercado laboral que languidece, solo se puede conseguir a través de una mayor innovación y más valor añadido.