Europa reprende por segunda vez a España por «incentivar» el despido y la insta a encarecerlo

Europa vuelve a sacar los colores a España por incumplir la legislación comunitaria en un tema tan importante como el despido, que tiene impacto directo sobre los más de 18 millones de asalariados, e incluso lo acusa de «fomentarlo». Y se trata ya del segundo aviso en poco más de un año en el que insta al Gobierno a reformar el despido improcedente para encarecerlo y adecuarlo a la Carta Social Europea, que el actual Ejecutivo de coalición ratificó en el 2021 y se comprometió a cumplir.

España no garantiza una protección adecuada a sus trabajadores frente al despido sin causa justificada —y menos aún en el caso de los interinos que encadenan un contrato tras otro en la Administración Pública—, por lo que debe elevar las indemnizaciones establecidas, eliminar el tope actual que existe y que sea un juez —y no la empresa— quien decida si procede la readmisión del trabajador. Así lo sostiene el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa en una decisión publicada ayer a raíz de una denuncia colectiva presentada por CC.OO. en la que ratifica punto por punto las resoluciones que ya defendió en julio del año pasado en su respuesta a otra reclamación similar de UGT.

«La legislación española sobre indemnizaciones y reincorporación laboral en casos de despido improcedente e indemnización por despido improcedente de trabajadores temporales contratados en fraude de ley vulnera la Carta Social Europea revisada», concluye de forma unánime la resolución, que ya fue notificada a las partes interesadas (Gobierno, sindicatos y patronal) el pasado 26 de febrero.

Es más, el órgano encargado de que se cumpla la Carta Social Europea carga contra el sistema español por fijar una indemnización predeterminada cuando se despide sin causa (33 días de sueldo por cada año de trabajo) y un tope máximo (no se pueden superar las 24 mensualidades) porque, aunque el Gobierno alega que esto proporciona una mayor seguridad jurídica a ambas partes, a su juicio puede «servir más bien de incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de forma improcedente». De hecho, precisa que «en determinados casos, los topes de indemnización establecidos podrían inducir a los empleadores a realizar una estimación pragmática de la carga financiera de un despido improcedente sobre la base de un análisis de coste-beneficio». «En algunas situaciones, podría fomentar los despidos improcedentes», reitera.

Además, el Consejo de Europa considera que los topes fijados por la legislación «no son lo suficientemente elevados como para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empleador» y se muestra así partidario de indemnizaciones a la carta en función de la situación personal del trabajador, tal y como defiende también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque la ministra ha retrasado la prometida reforma del despido como pronto al año que viene ante la difícil aritmética parlamentaria que tiene. La resolución llama la atención sobre el hecho de que la práctica totalidad de tribunales españoles sigue rechazando las solicitudes de indemnizaciones adicionales, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este tema el próximo 16 de julio y siente doctrina.

En contra de un mínimo De igual manera, el comité también se pronuncia a favor de que sean los tribunales los que decidan sobre la «idoneidad» de readmitir al trabajador despedido en lugar de darle una indemnización, una potestad que en la ley española recae sobre la empresa que despide, que en tal caso debería además abonar los salarios de tramitación por el tiempo que no ha estado trabajando. Sin embargo, en lo que da la razón a CC OO es en su reclamación de que exista una indemnización mínima, ya que sostiene que «no sería suficientemente disuasorio para el empleador».

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