La nuclear recupera su sitio por las altas temperaturas en pleno pulso por su futuro

En un agosto en el que España ha vivido la tercera ola de calor más larga de la historia y los aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración a pleno rendimiento, la producción de nuclear ha recuperado su peso habitual en el mix energético durante los meses de verano. El aumento de las temperaturas ha hecho repuntar la demanda en torno a un 2 % entre el mes de julio y lo que llevamos de agosto respecto al mismo período del año anterior con la energía atómica y los ciclos combinados como motores de esta respuesta.

Que la energía atómica represente alrededor del 21 % de la generación total en agosto —con datos hasta el día 22— en línea con el mismo período en los años anteriores —22,2 % en el  2024, 21,7 % en el 2023 y 20, % en el 2022— no sería una novedad si no fuera por dos circunstancias. La primera, que esta remontada se ha producido desde los mínimos históricos a los que se hundió tras el gran apagón —14,6 % en abril y 14,7 % en mayo—. Y la segunda, que esta fuente de energía mantiene su papel clave a menos de 70 días para que finalice la fecha límite del 1 de noviembre en la que las eléctricas deberán empezar a tramitar oficialmente la parada definitiva de la central de Almaraz si no se llega a un acuerdo entre sus titulares y el Gobierno para prorrogar su clausura.

Revisar la hoja de ruta

Con Iberdrola, Endesa y Naturgy —las principales propietarias de la central extremeña y la primera en el calendario de cierre—, enrocadas en sus posiciones por el reparto del importe que supondría una extensión de la vida de las nucleares y sin que exista formalmente una negociación sobre esta extensión, la realidad es que el apagón masivo ha devuelto a la palestra el debate sobre la conveniencia de revisar esta hoja de ruta pactada en el 2019.

Todo, después de que el cero energético pusiese de manifiesto que el sistema español no puede soportar un crecimiento tan masivo de las renovables sin que haya otras tecnologías de respaldo, como puede ser la nuclear, y más almacenamiento.

La ola de calor, por otra parte, también ha contribuido a agravar aún más el problema de las horas de producción renovable y cómo se acoplan con la demanda. Y es que las restricciones técnicas en la red que está aplicando el Red Eléctrica desde el 28 de abril están multiplicando otro efecto indeseado: España tiene abundancia de renovables, pero falta demanda firme y red suficiente para inyectarla por lo que se desperdicia si no se almacena.

Renovable que el sistema no puede integrar

Según los propios datos del operador del sistema, el porcentaje de energía renovable que una vez generada el sistema desecha porque no la puede integrar —curtailment, en lenguaje técnico— escaló en julio por encima del 10 %, un nivel nunca visto hasta ahora y que contrasta con el 3 % que alcanzó en el mismo mes del año pasado, con una penetración renovable similar y no se había producido ningún apagón.

El último informe del gestor del sistema revela los treinta nodos eléctricos del país en los que más energía verde se escapa por el sumidero. Estos puntos se concentran esencialmente en el suroeste español, en las provincias de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. De ellas, la que más ha vertido en el último mes, un 43 %, es la subestación de Arenas de San Juan, y la que menos, un 18 %, se sitúa en Moncayo (Zaragoza), con Extremadura siendo la región que genera más renovable y sufre más en términos absolutos y Castilla-La Mancha en peor situación proporcionalmente.

Así las cosas y después de que el Congreso tumbase en julio el paquete antiapagones y el Gobierno tuviese que recuperar algunas de estas propuestas en un real decreto descafeinado, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue aferrándose a lo pactado hace seis años en lo que respecta al adiós nuclear.

Rebaja de las ecotasas

Si nada cambia, entre el 2027 y el 2035 se apagarán los siete reactores del parque atómico español. Pero entre bambalinas sí se han producido movimientos. La cuestión tras el intercambio de mensajes que se han producido de manera informal ya no se centra en la cuestión de prolongar o no el cierre —asunto que ha provocado división en el seno del Gobierno por el rechazo de Sumar a esta posibilidad— sino a qué coste.

La fiscalidad actual, que resulta adecuada para el Ejecutivo pero inviable para asegurar la rentabilidad del negocio nuclear según las eléctricas, es el principal escollo para abrir una vía de negociación ya que una de las «líneas rojas» que esgrime el Ejecutivo pasa porque la prórroga no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Una de las claves puede estar en una rebaja de las ecotasas establecidas por las comunidades autónomas. Por el momento, el primer paso en esta dirección lo ha dado la Comunidad Valenciana. La Generalitat se unió a Castilla-La Mancha, que ya mantenía a tipo cero su gravamen regional para Trillo, y anunció en mayo que dejaría de aplicar esta tasa en su territorio con un impacto económico de más 14 millones de euros para la central de Cofrentes. En Cataluña y Extremadura, el impuesto autonómico asciende a 6,65 euros/MWh y 5 euros/MWh, respectivamente.

El informe de la CNMC sobre el apagón, clave para las reclamaciones

Las empresas más perjudicadas por el apagón del pasado 28 de abril están esperando al informe final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reclamar las indemnizaciones pertinentes. Aunque el organismo tiene avanzadas las investigaciones, aún quedan semanas hasta que publique el documento definitivo e imparcial que arroje luz sobre el causante del incidente que dejó sin electricidad a la mayor parte de la Península durante horas.

El Gobierno fue el primero en presentar su informe, en el que repartía culpas entre Red Eléctrica y las compañías energéticas. En el análisis de Redeia se puso el foco en las empresas, y estas —a través de la patronal Aelec— devolvieron las culpas hacia el gestor del sistema eléctrico.

En este contexto, la figura independiente de la CNMC será crucial para repartir responsabilidades. Se desconocen los plazos que maneja el organismo para la publicación de este análisis y su presidenta, Cani Fernández, aclaró hace unas semanas que aún estaban en fase de recopilación de datos con la información recabada de las empresas y la Administración.

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