El eólico de la comunidad urge a la Xunta y al Gobierno central a regular para aplicar el interés superior de los proyectos de parques terrestres y desbloquear así el parón
11 oct 2025 . Actualizado a las 04:50 h.José Ramón Franco, presidente del Clúster de las Energías Renovables de Galicia (Cluergal), recordó ayer, en la clausura de los Energy Days que se celebraron desde el pasado miércoles en la Cidade da Cultura de Santiago, que la historia del eólico gallego está plagada de parones. Cada uno de ellos deja un reguero de cadáveres empresariales. Ahora, el freno que está experimentando la eólica marina también se proyecta como una sombra alargada que extiende su incertidumbre por la industria gallega. «Temos a maior diversificación de produtos en Navantia Fene, pero imos ter un parón», advirtió Franco, aludiendo, por una parte, al retraso del Gobierno central en desarrollar la normativa para posibilitar los primeros proyectos en las costas del país, y, por otra, al rechazo a este tipo de energía en otros territorios, como Estados Unidos. «Haberá que ver cantas empresas poderán superar ese obstáculo», se preguntó, al tiempo que insistió en el peso de las firmas auxiliares para el desarrollo de los pedidos en la comunidad.
El presidente de Cluergal apeló a la importancia de la cadena de valor tanto en la eólica marina como en la terrestre, y lamentó, en este último ámbito, la pérdida de capacidades en Galicia, que, por ejemplo, llegó a ostentar el 20 % de todas las plantas de fabricación de componentes para parques del país, y todas fueron cerrando.
La paralización que experimentan los proyectos para la materialización de nuevos parques en los montes de la comunidad, debido a la cascada de decisiones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fue el denominador común de un gran número de intervenciones en la última de las jornadas. Los empresarios y la patronal del sector pidieron que se aplique el precepto de interés público superior a los proyectos renovables frente a otros criterios, tal y como establece la directiva europea. Tanto Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), como la abogada de esta entidad, Cristina Pedrosa, explicaron que la Xunta traspuso la directiva comunitaria, aunque no así el Gobierno central. Ante el bloqueo judicial, «no nos queda otra que dotarnos de normas que nos den seguridad jurídica», pidió Pedrosa, que instó a la Xunta a seguir regulando, para que se pueda aplicar el interés público superior, como ya hacen otros países europeos, como Francia o Alemania.
Manuel Pazo lamentó los dos meses de espera que llevan el sector y las Administraciones, después de que el pasado día 1 de agosto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validase la tramitación estatal y autonómica de los proyectos. «¿Cuándo se va a desbloquear esto?», se preguntó, en alusión al pronunciamiento pendiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y apuntó a la aplicación del interés público superior como modo de dirimir el bloqueo judicial que ya dura más de dos años.
También manifestó su pesimismo por el descenso del consumo eléctrico en la comunidad —del 32 % en los últimos cuatro años— y por la recesión de las renovables a nivel internacional: «Estamos produciendo más gas que nunca».
«Sentimos una preocupación enorme por el plazo de ejecución de los proyectos», afirmó María Landeira, delegada de desarrollo renovable de Naturgy en Galicia, quien desgranó los tres proyectos de repotenciación que está llevando a cabo su empresa en la comunidad, que implicarán la reducción de 172 aerogeneradores a 25.
Repotenciaciones
De hecho, la judicialización no solo afecta a los proyectos de construcción de nuevos parques en Galicia, sino también a los de modernización, después de que el Ejecutivo plantease un recurso ante el Tribunal Constitucional por la norma gallega que obliga a la repotenciación de los parques con más de dos décadas de vida.
Es, como subrayan en el sector, otra de las incertidumbres que se suman a la parálisis actual, ya que resta por comprobar si la regulación autonómica quedará o no en suspenso hasta que se pronuncien los magistrados del Constitucional.