La patronal eólica nacional cree que Galicia pierde 2.750 empleos y 6.300 millones de inversión por cada año de parón del sector
ECONOMÍA
La asociación muestra su «estupefacción» por el último fallo del TSXG sobre el parque que había suscitado un pronunciamiento favorable de los jueces de la UE
29 oct 2025 . Actualizado a las 17:56 h.«Galicia es un territorio donde la inversión en energía eólica no cuenta con seguridad jurídica». Así de categórica se pronuncia la Asociación Empresarial Eólica (AEE) tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la autorización de un parque por no haber tramitado su evaluación ambiental de forma conjunta con el tendido de evacuación de la energía. La entidad manifiesta su «estupefacción» por la sentencia y reclama «reclama una interpretación jurídica de la regulación que permita a las empresas afrontar los proyectos sin la erosión actual, sin los daños patrimoniales que están soportando y sin el desorden jurídico-regulatorio que les está ahogando».
Además, la patronal nacional sostiene que, por cada año de retraso en la instalación de los parques en desarrollo en Galicia que están afectados por la judicialización «se dejan de crear 2.750 empleos y más de 6.300 millones de inversión». Recuerda que, si no se revierte esta situación de parálisis, la comunidad entrará en una «dinámica destructiva» de tejido industrial y empleo, ya que las empresas optan por asentarse en territorios con más generación de energía renovable, con costes más competitivos.
La Asociación Empresarial Eólica incide en que la línea a la que se refiere el fallo ya existe y se encuentra en funcionamiento, y también que el TSXG argumenta que el parque debe evaluar sus efectos sobre la Red Natura pese a encontrarse a 4,5 kilómetros de distancia de ese área.
«El compromiso del sector eólico con Galicia sigue intacto: queremos seguir generando valor, empleo, innovación y oportunidades en los municipios rurales donde operamos», afirma la entidad, al mismo tiempo que insiste en que deben «avanzar con certezas y esta sentencia recuerda la urgencia de un marco regulatorio sólido y coherente con los retos que afrontamos como país».