Plantear como condición previa un referendo en Cataluña es tanto como descartarse de cualquier negociación para la formación de Gobierno. Proponer como presidente a un independiente es una ocurrencia. O peor, porque siendo mal pensados, y recordando casos como el de Monti o el de algún país iberoamericano, se podría cuestionar el sentido de la democracia que tiene quien a la primera de cambio ya sugiere un presidente que no ha pasado por las urnas. Ver para creer.
En las próximas semanas vamos a ser testigos de un ejercicio de política como no habíamos vivido desde hace más de 30 años. Y será un sano ejercicio de normalidad democrática que quizás deje en evidencia la rareza de que España sea el único país comunitario que no ha tenido nunca, en la historia reciente, un Gobierno de coalición. La necesidad de recuperar el diálogo, perdido durante tanto tiempo, es una de las más positivas consecuencias del 20D. Pero no se puede negociar desde posiciones claramente inasumibles por los demás ni que traicionen el sentido general de lo que han votado los españoles. Porque para todo hay límites. Los partidos, al menos los que aspiran a gobernar, deben aprender a respetarlos y asumir que toda negociación conlleva cesiones. Entre otras razones para evitar unas nuevas elecciones, que serían un fracaso de todos, aunque algunos, como PP y Podemos, sientan la tentación de dejarse llevar porque podrían mejorar sus resultados. Y eso condicionará las negociaciones. Pero quien más puede perder en ese supuesto, el PSOE, debe tener claros también los límites de hasta dónde puede ceder. Porque una cosa es el cambio que reclaman las urnas y otra dinamitar un sistema del que es corresponsable.