No hay duda de que el actual sistema, vigente desde el 2009, precisa una reforma. Hay consenso en la necesidad de simplificar su funcionamiento, ya que su complejidad es evidente, y lo mismo en lo relativo a reducir la desigualdad per cápita entre las diferentes comunidades a través de una mejora de los mecanismos de reparto a nivel regional. Finalmente, es imprescindible aumentar la capacidad y autonomía fiscal de las comunidades y fomentar la corresponsabilidad. La igualdad total per cápita de recursos entre autonomías, aunque deseable, en la práctica no resulta asumible, ya que el esfuerzo fiscal es muy diferente por territorios, y optar por esta práctica podría provocar una excesiva dependencia financiera interregional desde las autonomías más ricas hacia aquellas con menos recursos. Lo anterior no es óbice para conseguir minorar las diferencias a nivel autonómico, pero sin penalizar a las regiones que más aportan. Esto último sería fácilmente asumible si se aplica el principio de ordinalidad, esto es, que la posición en recursos por habitante de las autonomías sea la misma antes y después del reparto de renta. Si esto no se consigue, es probable que se penalice en exceso a las comunidades con mayor capacidad y esfuerzo fiscal y se incentiven comportamientos poco responsables en las que optan por gravar menos a sus ciudadanos. Esto no sería justo.
En materia tributaria hay que avanzar hacia una mayor autonomía fiscal. No parece recomendable ceder por completo a las comunidades la recaudación del IRPF o del IVA por los problemas que podría ocasionar, aunque sí avanzar en una mayor capacidad normativa. Además, la cesión total o cuasi total de los impuestos compartidos tampoco beneficiaría al principio de corresponsabilidad, ya que muchas de las autonomías que optaron por bajar impuestos se han enfrentado a un incremento del gasto y a un déficit creciente. La ausencia generalizada de corresponsabilidad fiscal es otras de las actuaciones que deberían corregirse. Para conseguir estos objetivos sería conveniente flexibilizar algunas de las reglas que se han aplicado. La restricción del statu quo, que obliga a que ninguna comunidad pueda percibir menos recursos con el nuevo modelo de los que recibía antes, resulta exigente y limita los cambios. Por tanto, el sistema de régimen común precisa reformas de calado.
Alberto Vaquero es profesor de Economía Aplicada.