La última legislatura fue muy intensa en cuanto a normativa, pero ni se alcanzó el consenso político ni hay aún resultados
12 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Si las cosas de palacio van despacio, las de las casas del rural gallego, humildes o suntuosas, mucho más. Dos mandatos necesitó el Partido Popular para dotar a la Administración de una nueva Lei do Solo que combata los males evidentes del urbanismo y el paisaje gallego: el feísmo y la falta de planificación. Fue una de las teimas del presidente Feijoo en su primer mandato, pero el Parlamento todavía le dio el visto bueno legislativo en marzo de este año, y para ello el PP tuvo que hacer uso de su mayoría absoluta. No fue una situación nueva, porque los anteriores textos -así ocurrió en el 2002, con Fraga y Cuíña a los mandos- tampoco encontraron apoyos en el Hórreo que no fueran los propios.
El debate, pues, no llegó todavía a pie de territorio, porque sus efectos visuales son a muy largo plazo, y de momento sigue en el terreno legislativo y político. Todavía este mes, probablemente en el último Consello da Xunta, se aprobará el reglamento de la Lei, que aglutina y desarrolla la legislación del suelo y la explica en un solo documento que servirá para su aplicación.
Políticamente, se da la circunstancia de que todo el arco parlamentario gallego comparte el diagnóstico de que queda mucho por hacer en cuanto a ordenación del territorio, especialmente en las zonas rurales, y que la parte más complicada consiste en conjugar la protección con el desarrollo.
El papel de los alcaldes
La simplificación de los trámites para elaborar un plan urbanístico municipal hasta reducir el tiempo a la mitad (de seis a tres años de media) tampoco alcanzó el consenso de los partidos, y de hecho solo uno de cada cuatro municipios tienen adaptadas sus normas urbanísticas a la ley autonómica. En todo caso, la nueva Lei reafirma la idea de que la colaboración local es estratégica para cualquier avance, como lo demuestra el hecho de que son los alcaldes los que asumen la potestad y obligación de imponer multas a los propietarios que dejen sus casas en estructura, con el ladrillo a la vista o sin carpintería. El problema radica en la poca disposición de los regidores para anunciar multas de hasta 25.000 euros en quince meses a los vecinos a los que a los que después tienen que pedirle el voto. Esta relación de la administración local con sus administrados, asumida en los entornos urbanos en materias como el urbanismo, el tráfico o el civismo, todavía no ha calado en los entornos rurales.
Con los alcaldes también quiere contar la Xunta para fijar la norma que defina los colores de las casas, una iniciativa para la que se ha desarrollado un trabajo de campo de la mano del Colexio de Arquitectos. La consellería que dirige Beatriz Mato lanzó el proyecto la pasada primavera, generando un intenso debate inicial sobre las recomendaciones -habrá que ver si imposiciones- que saldrán de un estudio que ya se conocerá en la próxima legislatura. Además, de forma más reciente y al amparo de la Lei do Solo, la Xunta impulsó un decreto para limitar los usos en 211 áreas de la comunidad -un 9 % del total del territorio- para preservar su valor. Muchos de ellos ya gozan en la actualidad de diversos niveles de protección, pero compartirán la limitación de 18 usos de las parcelas incluidas, entre los que no se encuentra la construcción residencial.
En su programa
Martín Fernández Prado (PP)
Estratexia de Infraestrutura Verde. El candidato por A Coruña anuncia que el objetivo a medio plazo es el desarrollo de la Estratexia de Infraestrutura Verde, «con la que queremos poner en marcha actuaciones que permitan hacer de Galicia un territorio donde valoricemos e impulsemos su potencial natural y paisajístico para protegerlo y generar, al mismo tiempo, una fuente de riqueza y empleo».
Abel Losada (PSOE)
Lei do Solo por consenso. El cabeza de lista del PSOE por Pontevedra anuncia que si de su partido depende se derogará la Lei do Solo aprobada este año hasta que apruebe con mayoría y el «consenso de más de un partido». Cree que hay que simplificar los procesos «sin desregular» y apoyar a los concellos para la aplicación de normas.
Luís Villares (En Marea)
«Temos que repensar a escala galega». Villares, que ha trabajado en el último lustro en temas de investigación y territorio, considera clave «repensar a escala en torno ás comarcas e as áreas metropolitanas», para racionalizar así los servicios y las infraestructuras. Sobre el paisaje ve necesario combinar la conservación de la naturaleza y la apuesta por los sectores productivos (agrícola, forestal, pesquero, vitivinícola y ecoturismo). Y califica de «disparate» y de trazo grueso la actual Lei do Solo de la Xunta.
Luís Bará | BNG
«Non podemos copiar a lexislación urbanística». El candidato del BNG por Pontevedra denuncia que la «lexislación galega non pode ser copiada doutras zonas do Estado que nada teñen que ver con Galicia». Bará demanda normas propias, además de reformular y simplificar los trámites que afectan al territorio. En cuanto al paisaje, considera que la «maior agresión» es la transformación del monte, «se ben no actual Catálogo da Paisaxe non se aborda».
Cristina Losada (Ciudadanos)
«Hay que evitar el alto impacto ambiental en la Red Natura 2000». «Haremos gestión activa de la Red Natura 2000 para mejorar la integración de las poblaciones rurales y evitar en ellas actuaciones con alto impacto ambiental», explica la candidata Cristina Losada.