Imaz advierte de que el Constitucional no parará el debate del plan Ibarretxe

La Voz R.N. | S. SEBASTIÁN/VALENCIA

ESPAÑA

El Ejecutivo vasco confía, no obstante, en que el tribunal rechace las impugnaciones Zaplana afirma que la propuesta es, junto al 23-F, el ataque más contundente al Estado

08 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) no va a poder paralizar el debate sobre el plan Ibarretxe como busca Madrid con la iniciativa que presentará el jueves. De todos modos, confía en que los magistrados no admitan a trámite el escrito gubernamental y «mantengan su independencia frente a la intromisión política» del Ejecutivo de Aznar. Imaz evitó pronunciarse sobre la actitud que adoptará el Parlamento de Vitoria si el TC ordena la paralización de la tramitación del proyecto que quiere establecer un nuevo marco de relaciones entre País Vasco y España. El consejero avisó de que en «la sociedad vasca» el debate «va a continuar» porque es una confrontación de ideas «legítima y democrática» que el Gobierno no podrá desactivar. Sostuvo Imaz que la ciudadanía «ni va a entender ni va a aceptar» que el diálogo «sea obstaculizado» a pesar de que el Gabinete de Aznar acompañe las impugnaciones a los acuerdos del Gobierno y el Parlamento de Vitoria de una solicitud de paralización. Imaz apuntó que no cree necesario que la Cámara autónoma tenga que responder a la resolución que adopte el TC porque el tribunal «no aceptará a trámite» la demanda gubernamental. El plan Ibarretxe, argumentó, todavía «no tiene efectos jurídicos» porque es una propuesta sometida al debate parlamentario y, en consecuencia, carece de sentido un pronunciamiento de los magistrados sobre lo que aún no tiene vida política ni jurídica. Así, se mostró «convencido» de que el escrito será rechazado. División de poderes El portavoz animó al Constitucional a que, en consonancia con la división de poderes, mantenga «su independencia», si bien reconoció no tener «confianza» en su presidente, Jiménez de Parga, «personaje que tiene un absoluto desprestigio» en el País Vasco. Por ello, advirtió a sus miembros de que si aceptan la impugnación tendrán el honor de «pasar a la historia del constitucionalismo europeo como un tribunal que impidió el pluralismo democrático y el debate político». El consejero equiparó a Aznar con la «práctica» defendida durante años por Batasuna y HB para restar «legitimidad» al Parlamento vasco como «foro de debate» político. El presidente del Gobierno, añadió, es «un peligro para España, para la sociedad vasca y española, y para la democracia del Estado» porque «tensiona hasta el límite» la confrontación con el fin de preservar «intereses personales y partidistas». Su homólogo en Madrid, el popular Eduardo Zaplana, volvió a garantizar que el plan Ibarretxe «no va a prosperar» porque el estado de derecho tiene resortes para impedir que salga adelante una propuesta para mutilar la Constitución. El ministro puso al mismo nivel el proyecto del lendakari y el golpe de Estado del 1981, porque son los «ataques más duros, frontales y contundentes» que ha soportado la Constitución en sus 25 años de vigencia.