Cardenal ordena cursar las denuncias por las protestas ante las sedes del PP
ESPAÑA
La Fiscalía de Madrid ya presentó una querella por la concentración de la calle Génova Juristas y partidos políticos muestran su malestar por la decisión del fiscal general
23 mar 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha enviado un oficio a todas las fiscalías para que se cursen ante los juzgados las denuncias presentadas por las concentraciones celebradas ante las sedes del PP la noche del sábado 13 de marzo, a pocas horas de las elecciones. En concreto, Cardenal señala en su escrito, fechado el lunes, que «teniendo constancia de que en diversas fiscalías se han recibido denuncias relacionadas con la realización de concentraciones de gente frente a las sedes del Partido Popular el día 13 de marzo pasado, coincidiendo con la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, proceda en su caso a la judicialización de dichas denuncias, mediante su remisión al Juzgado de Instrucción competente». Según explicaron fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid ya ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia por la concentración en la sede central del PP, en la calle Génova. La petición de Cardenal se formula después de que la Junta Electoral Central (JEC) declarara dichas concentraciones «contrarias a la regulación de la campaña electoral» y acordara trasladar a la Fiscalía las actuaciones por si «pudieran resultar hechos constitutivos de delito». La JEC adoptó este acuerdo durante una reunión extraordinaria, que se prolongó hasta la madrugada del mismo domingo 14 de marzo, en la que se analizó la denuncia formulada por el PP. Consignas políticas La formación consideraba que las manifestaciones celebradas durante la jornada de reflexión previa a los comicios vulneraban la legislación porque se expresaron «consignas políticas con inequívoca intencionalidad electoral». Dos fiscalías, una de ellas la de Valladolid, han elevado ya una consulta al fiscal general para que aclare si las protestas registradas en dos comunidades, de las que se da cuenta con detalle, están comprendidas en los acuerdos de la Junta Electoral, «con el fin de mantener la unidad de criterio» por el que se rige el ministerio público. Las reacciones a la petición de Cardenal no se han hecho esperar y desde diversos puntos de España han llegado críticas a la decisión. Los miembros del tripartito catalán; el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga o el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, coincidieron al calificar de «error» la orden del fiscal general. Además, los responsables de fiscalías como la andaluza o la cántabra negaron haber recibido ninguna denuncia. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, afirmó incluso que «no hay elementos para actuar de oficio» en el caso.