El debate -o peor, la guerrilla dialéctica- sobre la inmigración amenaza con instalarse en la vida política del país, enquistado con la confrontación territorial que se prevé a cuenta de la reforma de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Es un panorama de difícil reconducción a corto plazo. Las medidas anunciadas por el Gobierno sobre una inminente regularización de ilegales ya han activado a quienes piensan sacarle provecho político y económico (las mafias presentes en escena o en los países emisores). De entrada, el anuncio de Consuelo Rumí sobre la inminente regularización de ilegales que estén en el país algún tiempo y que consigan una oferta de trabajo tendrá algunas virtudes interesantes: normalizará la vida de un importante grupo de personas, tranquilizará a los que los contratan ilegalmente porque no tienen otro remedio -en el servicio doméstico, por ejemplo- y meterá en el sistema contributivo a personas que, en caso extremo, ya disfrutan de los servicios sociales sin pagar ningún impuesto. El grito de alarma del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre advirtiendo a Zapatero que «la regularización puede tener efectos letales en los servicios públicos, al provocarse una sobredemanda», ha sido rebatido por el vicepresidente Pedro Solbes : los niños que haya que escolarizar, en su mayoría, ya reciben educación y en la sanidad ya se atiende de urgencia a los indocumentados. Afortunadamente, cabría añadir, es algo de lo que este país puede sentirse orgulloso. Como comentaba el ex diplomático norteamericano Clint Smith , cuya hija fue atropellada por un bus en Madrid y operada de urgencia en el Clínico sin saber quién se haría cargo de la factura, «la diferencia entre España y los EE.UU. es bien clara: mi hija Alexandra se salvo en Madrid, y una española en las mismas circunstancias lo más probable es que hubiera fallecido en los Estados Unidos». Lo que sucede es que si, al tiempo que el Gobierno da el paso valiente de afrontar la regularización de miles de casos que claman al cielo, no se controlan los flujos migratorios y no se actúa sobre las mafias, el resultado puede ser en la práctica el de un «efecto llamada», sobre todo de quienes explotan la imperiosa necesidad de los «sin papeles» de llegar a Europa a cualquier precio. Un alto cargo policial, a propósito de lo que está sucediendo, ha comentado a La Voz: «Lo de las pateras es penoso y se llenan los telediarios con imágenes de impacto, pero el coladero lo tenemos en Barajas. Hay compañías aéreas -y cita el nombre de la holandesa KLM- que se han hecho ricas, o se han salvado de la crisis, trayendo inmigrantes de Latinoamérica como turistas sin que podamos cerrarles el paso en la aduana». Recientemente se exige visado a los ecuatorianos, además de los colombianos y peruanos, pero el flujo de entradas es el mismo porque ahora los que llegan para el servicio doméstico proceden de otros países como Paraguay. Antes casi todas las «mucamas» en Buenos Aires eran paraguayas, pero la crisis en Argentina las ha acabado desviando hacia España. Control fronterizo «El modelo debería combinar vigor en el control de los flujos de llegada -señala a La Voz Constantino Méndez , Delegado del Gobierno en Madrid- con una flexibilidad en la contratación». Para el político gallego, hay que activar el control fronterizo, en absoluto incompatible con sistemas ágiles para la entrada legal de contingentes realistas y, a ser posible, con acuerdos con los países de procedencia abriendo oficinas ad hoc para gestionar empleo. Pero, a su juicio, dado que se trata de afrontar un grave problema porque el balance de la inmigración en España -como discurre hasta ahora- es un fracaso absoluto, lo que se impone es un Pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas del país para que este asunto no sea escenario de confrontación. Para ello, los partidos, ante todo, deben aclararse internamente: en el Partido Popular, por ejemplo, nada tiene que ver la posición llevada a cabo por Esperanza Aguirre con la de Manuel Fraga , mucho más sensible hacia el problema, quizás por su condición de gallego y sobre todo de familiar de emigrantes. «Ni la posición de Fraga coincide con la de Mariano Rajoy », ha declarado la Central Intersindical Galega en un insólito elogio, por comparación, al presidente de la Xunta. «Hay que avanzar hacia ese pacto de Estado y, al tiempo, controlar la alarma social que ha sido siempre el motor de la xenofobia», sostiene Constantino Méndez. Ciertamente la sorpresa todavía no explicada de sociólogos y politólogos es cómo no ha surgido un brote de extrema derecha organizado, o un partido de corte lerrouxista, cuando el 13% de la población de la Comunidad de Madrid es extranjera. Y en algunas localidades, como en Murcia, Almería, Huelva o en la costa catalana, dicho porcentaje es aún superior. El pacto de Estado que propone Méndez debería, además, articularse a escala europea, al menos con los países del Sur que tienen problemas similares a los de España. Si no, véase al presidente italiano, Silvio Berlusconi , que acaba de visitar a Gadafi para proponerle incluso patrullas marítimas conjuntas. Los italianos tienen la isla de Lampedusa, situada entre Libia y Sicilia, que es un auténtico portaviones de pateras. El drama no está sólo en el Estrecho.