El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, advirtió ayer de que el Gobierno central pondrá a disposición de la Comunidad de Madrid suelos públicos para la construcción de vivienda protegida mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos respectivos, pero no a través de su cesión al Gobierno autonómico (PP). Simancas dijo que la posibilidad de que el Estado ceda suelos públicos de su propiedad al Ejecutivo madrileño sería «una irresponsabilidad, dados los antecedentes especulativos» que han generado, a su juicio, las políticas urbanísticas desarrolladas bajo gobiernos del PP. «Los ciudadanos de Madrid ya no se fían, la oposición política en la Comunidad, tampoco, y el Gobierno de España no puede fiarse», opinó. El diputado socialista dijo haberse reunido ayer con la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quien le habría informado de la disposición del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de ceder a Madrid suelos estatales que puedan ser desafectados de sus usos actuales a corto plazo, para que puedan albergar vivienda protegida. Concretamente, dijo que los terrenos públicos propiedad del Estado que se verían afectados se sitúan en la Operación Campamento, en el Campo de Tiro de Alcorcón, en Villaverde, en Aranjuez, en Navalcarnero, y en la Operación Chamartín. Simancas recalcó que el Gobierno de España tiene también la voluntad de invitar al Gobierno regional para que colabore lealmente en estos planes si quiere. «Lo haremos sin ellos o con ellos», advirtió. Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, tachó de «falta de respeto absoluta» que el Gobierno central pretenda formalizar directamente con los ayuntamientos la construcción de vivienda pública en terrenos propiedad del Estado, cuando las comunidades tienen competencias propias en esta materia. En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Beteta consideró «intolerable» que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, «se haya mostrado partidaria de este juego ilegal», y reiteró que las comunidades autónomas tienen sus propias competencias independientemente del partido que las gobierne. Hizo hincapié en las diferencias que, a su juicio, el Gobierno está estableciendo con Madrid en esta cuestión, lo que sería implanteable con gobiernos socialistas, apuntó Beteta, y se refirió al convenio ya formalizado que ha suscrito el Ejecutivo con Castilla La Mancha.