Pasqual Maragall y José Montilla discrepan sobre la definición de Cataluña como nación El presidente de la Generalitat pide audiencia al Rey para que conozca el documento
03 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El PSOE reconoció ayer que el texto del Estatuto que impulsó Pasqual Maragall tiene aspectos de «dudosa constitucionalidad», por lo que no lo apoyará en su redacción actual. Los socialistas han encargado a un grupo de expertos en derecho constitucional, coordinados por Alfredo Pérez Rubalcaba, que elaboren un dictamen sobre los artículos que vulneren la Carta Magna. El secretario de Organización, José Blanco, adelantó que su partido apoyará la admisión a trámite para que se debata en el Congreso, que es «la sede de la soberanía nacional». Pese a que no quiso ser demasiado explícito, afirmó que la financiación, el tratamiento de las competencias que corresponden al Gobierno central, la unidad del mercado o las relaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat podrían haber sobrepasado los límites constitucionales. Al mismo tiempo que se pronunciaba la ejecutiva socialista en Madrid, el presidente de la Generalitat y el primer secretario de su partido y ministro de Industria, José Montilla, discrepaban sobre la definición de Cataluña como nación. El primero aseguró que no renunciará a su inclusión y avisó de que España «tiene que acostumbrarse a saber que hay naciones» en su seno. El segundo, en cambio, admitió que esa definición será «objeto de discusión» en el Congreso y que él es partidario de una nueva redacción «capaz de reflejar la identidad nacional de Cataluña y que sea compatible dentro de la arquitectura constitucional». Maragall se entrevistará mañana con Zapatero y también ha solicitado audiencia con el Rey, aunque no para tranquilizarle, como apuntan algunos, sino para que conozca de primera mano el texto. Además, el presidente catalán dijo no estar preocupado por que el Rey proclamase la indisolubilidad de la nación española en un acto militar y anunció que pretende iniciar una ronda de contactos con los presidentes autonómicos «más relevantes» para que entiendan «el contenido de nuestras decisiones». El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla afirmó que no está de acuerdo «al cien por cien» con el texto y aseguró que el Congreso no puede decir «amén» sin marcar «diferencias y discrepancias».