Un informe de Juan Velarde señala que el texto es extremadamente intervencionista El estudio destaca el riesgo de corrupción por la influencia arbitraria del poder político
10 nov 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Velarde, cree que la propuesta de reforma del Estatuto catalán puede otorgar a la Generalitat poderes de intervención y planificación de la actividad económica «que hoy parecen propios de China, Cuba o Corea del Norte». Esta es una de las conclusiones de un artículo de Velarde, que aparece en el número 23 de la publicación Papeles de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar. El artículo 152 del Estatuto, que se refiere a la planificación, la ordenación y la promoción de la actividad económica, y el 162, que establece la previsión de intervención en la sanidad pública, se refieren a «principios socialdemócratas que han quedado atrás, superados, de los que se huye en casi todo el mundo», señala. El también premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales observa en el Estatuto un «talante sadomasoquista» que acepta «vivir aparte», aunque en lo económico signifique «vivir peor y hacer vivir peor a los demás». En su artículo, Velarde pretende demostrar que la política económica que emana de la propuesta catalana «va contra la amplitud de mercado, que es condición indispensable para el desarrollo, no sólo de Cataluña, que será la más castigada, sino de toda España, cuyo daño será notable». A su juicio, el sistema fiscal que se diseña en el nuevo Estatuto no percibe que «al rebajar el poder de compra de otras poblaciones españolas, el mercado extracatalán de numerosos productos se reduce». Señala que el modelo económico que impulsa el Estatuto es «antiguo y obsoleto, extremadamente intervencionista y sin las garantías que precisa una economía de mercado». Velarde advierte en su artículo que la intervención política en la vida económica «tendrá consecuencias graves sobre la inversión» y «erosionará la unidad de mercado español, que quedará fragmentado». Cataluña «estará caracterizada por la arbitrariedad de los poderes públicos y, con ella, el riesgo de corrupción que suele acompañar a esa intervención arbitraria es elevado», agrega. Además, según este catedrático, la política lingüística prevista en el nuevo Estatuto obligará a aumentar los costes de producción y «generará más de una deslocalización empresarial en Cataluña».