Simancas asegura en la Asamblea que en 16 meses han pasado de 3.400 a 6.700 Aguirre justifica el incremento porque se les ha ofrecido la intervención al triple de enfermos
07 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?l número de pacientes que rechazan operarse en una clínica privada de la Comunidad de Madrid se ha duplicado en 16 meses, al pasar de 3.400 personas en junio del 2004 a 6.700 en octubre de este año, según los datos aportados ayer por el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, en una pregunta de control al Gobierno regional efectuada en la sesión de ayer del Parlamento autonómico. El líder de la oposición regional atribuyó este importante incremento a que los ciudadanos «no se fían de la calidad» que ofrecen estos centros. Además, los puso como ejemplo de la «deriva privatizadora» que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo autonómico, que reconoció como ciertos estos datos, los justificó porque durante ese período de tiempo la Administración regional ha ofrecido la posibilidad de operarse al triple de pacientes. El dirigente del PSM acusó al Gobierno del PP de no creer en los servicios públicos: «Piensan que son caros e ineficientes, y les niegan los recursos necesarios para su funcionamiento normalizado con el objetivo de privatizarlos, al no responder a las expectativas de calidad y equidad que reclaman los ciudadanos». Para fundamentar sus afirmaciones, Simancas echó mano de otro servicio, el de cuidados de las personas mayores. Según los datos manejados por los trabajadores de estos centros, hay un auxiliar por cada diez personas durante el día y por cada 50 durante la noche. «Addemás, los servicios médicos y de enfermería son claramente insuficientes y la higiene y las comidas son muy deficientes; en algún caso, hasta indignas», señaló el líder regional socialista. En este contexto, puso de manifiesto que las residencias privadas presumen «de economizar y de rebajar las partidas que las residencias públicas destinan a la alimentación de las personas mayores». En éstas se gastan una media de 4,7 euros al día para alimentar a cada persona mayor y, en función los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, para el próximo año ni siquiera contemplan la subida del IPC. Según Rafael Simancas, «el mal funcionamiento de los servicios privatizados se debe a que los titulares anteponen el negocio a la calidad que prestan, lo que da como resultado que los ciudadanos de Madrid están mal atendidos en su salud, educación y en todo lo referente a las personas mayores». Sin embargo, Aguirre respondió que los servicios públicos en la Comunidad de Madrid han experimentado durante su mandato «una continua mejoría». «Lo que pasa es que a usted no le gusta que los ciudadanos puedan elegir entre un centro público y una clínica privada», añadió la presidenta.