El presidente y portavoz en el Congreso de Coalición Canaria, Paulino Rivero, anunció ayer que su grupo presentará la próxima semana en las Cortes una proposición de ley de lucha contra la inmigración clandestina en la que se incluye que sea el Estado y no las autonomías las que asuman la tutela de los menores inmigrantes. Rivero denunció que el Gobierno «ha engañado» a los canarios al no cumplir su compromiso de distribución de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Ese compromiso, adoptado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, establecía la distribución de 500 menores inmigrantes llegados a Canarias, de manera que en las islas nunca hubiera más de 300, y el resto serían asumidos por otras comunidades autónomas o por el Estado. Sin embargo, desde la adopción de ese compromiso en septiembre pasado, solamente 109 menores han salido de las islas, a las que han llegado otros 180 nuevos menores inmigrantes, de manera que el número total en Canarias se mantiene próximo a los 900, denunció Rivero. La reforma legal que plantearán los nacionalistas canarios incluirá también la ampliación del plazo máximo de retención de inmigrantes de 40 a 70 días, restricciones a la entrada de personas que hayan sido devueltas o expulsadas y que se pueda perseguir el tráfico ilegal de personas, aunque se haya cometido el delito fuera del territorio español. Padrones municipales Coalición Canaria reclama también que se limiten los beneficios derivados de la inscripción en los padrones municipales a los inmigrantes en situación irregular, que se elimine el permiso de residencia por arraigo laboral, que se dificulten los matrimonios de conveniencia y que se de preferencia en los cupos de trabajadores a los países africanos próximos a las islas. Otra medida que propone la formación canaria es la creación de juzgados especializados en extranjería.