Pérez Tremps, recusado por el PP, cobró 6.000 euros por asesorar a la Generalitat catalana Los progresistas son ahora minoría en el tribunal que decidirá el futuro del texto
05 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El pleno del Tribunal Constitucional, tras semanas de debates, aceptó ayer la recusación que el PP presentó contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, por lo que no intervendrá en el estudio, los debates y la decisión que se adopte sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, denunciado por inconstitucional por el principal partido de la oposición. De manera unánime, la institución había acordado el pasado año rechazar de plano las recusaciones de su presidenta, María Emilia Casas, y del magistrado Roberto García Calvo, por entender que tras ellas había una maniobra para inclinar el resultado final a uno u otro lado. Esta vez, sin embargo, la corte constitucional ha dado luz verde, por la mínima, a la exclusión de Perez Tremps. Seis magistrados aceptaron las tesis del PP y llegaron a la conclusión de que el magistrado cuestionado incurre en la causa de recusación recogida en el artículo 259.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -«haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo»- porque en el 2002 elaboró bajo precio un estudio jurídico sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del proyecto de nuevo estatuto que entonces elaboraba la Generalitat. Cinco miembros del Constitucional -la presidenta y los magistrados Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón- anunciaron votos particulares en contra de esa decisión, por entender que el magistrado Pérez Tremps elaboró ese informe para un proyecto de Estatuto distinto al ahora recurrido, el elaborado por el Gobierno catalán que presidió el nacionalista Jordi Pujol y no el de la Generalitat que encabezó el socialista Pasqual Maragall. Además, realizó aquel trabajo jurídico -por el que cobró 6.000 euros- cuando era un simple catedrático, antes de ingresar en el tribunal. El Constitucional ha vivido con especial virulencia interna la guerra de recusaciones en la que se vio envuelto en cuanto admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares, porque cualquier decisión favorable a alguna de ellas rompería el teórico equilibrio ideológico del pleno. Eso es lo que ocurrio ayer. La recusación de Pérez Tremps fue aprobada merced a los seis magistrados adscritos al sector más conservador del Constitucional, y deja en minoría a los cinco que considerados más próximos a posturas progresistas, dato que puede marcar el futuro del estatuto catalán. Reacciones El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridado, consideró «desproporcionada» e «injusta» la decisión del Constitucional. Por ello urgió al Gobierno del PSOE a que «sustituya» a Pérez Tremps y «que no se resigne a que se tenga que apartar al magistrado» porque «si no, con la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional podemos pensar en los peores augurios». El diputado de CiU Francesc Homs dijo tener la «impresión» de que el Constitucional está en «una deriva de politización partidista».