El portavoz de Batasuna arremete contra el Gobierno mientras la cúpula de la organización en Francia dice que la reunión de Segura no era para renovar el partido.
06 oct 2007 . Actualizado a las 22:30 h.El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, afirmó hoy que la operación policial contra la cúpula de su partido, que se saldó con la detención 23 personas, dieciséis de ellos miembros de la Mesa Nacional, constituye una «declaración de guerra en toda regla» del Gobierno «al movimiento independentista vasco».
Barrena, uno de los pocos dirigentes de la formación ilegalizada que sigue en libertad, consideró que esta actuación fue «ordenada» por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para «cerrar las puertas a la independencia de este pueblo» y «perpetuar el conflicto político».
El portavoz de Batasuna compareció ante los medios de comunicación en un hotel de San Sebastián flanqueado por Marije Fullaondo y Karmele Aierbe, integrantes de la actual Mesa Nacional, así como Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB.
Les arroparon hasta un total de 82 personas que han trabajado en los últimos 25 años en distintos niveles de responsabilidad en la izquierda abertzale.
Barrena, quien habló de militantes «secuestrados» al referirse a los arrestados, aseguró que su formación seguirá luchando «por la independencia y el socialismo, y por encima de toda represión, no daremos un paso atrás en la defensa de los derechos de este pueblo».
Aseguró que «la única oferta» que hace el Gobierno socialista al pueblo vasco es «tan directa como cruda: Constitución Española y represión», y para ello «se vale de una estrategia de guerra».
Culpó también al PNV por haber sido «el representante del Estado en Euskal Herria durante los últimos 30 años» y por querer «mantener sus cotas de poder para salvar su propio negocio».
Los 23 miembros detenidos por mantener una reunión con la intención de reorganizar el partido pasarán mañana a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien les acusa de reiteración delictiva por haber vulnerado la suspensión de actividades de Batasuna, decretada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.
Según el portavoz de Batasuna en Francia, Xabi Larralde, la cita no era para introducir cambios en la Mesa Nacional, sino que se trataba de uno de los contactos rutinarios de la organización.
Desde el Gobierno vasco, su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), dijo tener la «impresión» de que detrás de los arrestos hay un «interés de impedir la normalización política» y una «intromisión» de parte del poder judicial.
Opinó que «difícilmente se puede entender» que se encarcele a quien se reúne «para seguir haciendo política» y que se detenga a «quienes han sido interlocutores del Gobierno» en el proceso de paz.
El también consejero del Ejecutivo vasco y coordinador general de EB-IU, Javier Madrazo, convino en que la actuación judicial responde a un «impulso político directo» en la que el Gobierno del PSOE «ha movido los hilos» en sintonía con Garzón.
Para Madrazo, Zapatero quiere «rentabilizar» las acciones policiales y pretende aparecer como «más duro que el PP» tras fracasar en el proceso de negociación.
El líder del PP, Mariano Rajoy, reiteró su satisfacción por la operación, aunque volvió a reclamar que se ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
En un acto en Pontevedra, Rajoy aprovechó para exigir a Zapatero que «jamás» negocie con ETA y que emplace al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a abandonar su cargo por proponer un referéndum «ilegal».
La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, consideró que la nueva operación contra la cúpula de Batasuna hace preguntarse «si existen otras motivaciones más allá de lo estrictamente judicial».
Se preguntó además «por qué se producen este tipo de actuaciones judiciales en tiempos casi políticos y en oleadas que van y vienen».
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se distanció de la postura de EB-IU y garantizó que su formación no derramará «ni una lágrima, ni un lamento», por la Mesa Nacional de Batasuna, aunque reiteró su rechazo a la ilegalización de este partido.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, declaró que las acciones judiciales de los últimos días han sido cumplidas «con total eficacia y profesionalidad por el Cuerpo Nacional de Policía»
Luesma expresó su «enérgica» condena y su rechazo «más absoluto» de los actos de violencia «terrorista» registrados en las últimas horas en las calles de Markina (Vizcaya) y en las localidades guipuzcoanas de Pasaia y Lezo, así como en la localidad francesa de Hendaya y en Pamplona donde la Policía ha disuelto un acto prohibido.