Considera que el intento de excluir a tres magistrados progresistas del pleno carece de toda base
28 nov 2007 . Actualizado a las 02:04 h.El Tribunal Constitucional rechazó ayer de plano la recusación contra tres magistrados progresistas presentada en octubre pasado por el PP porque carece de base legal. El tribunal, por ocho votos contra dos, concluyó, sobre las nueve de la noche, que las impugnaciones contra Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón no tienen sentido y están apoyadas en hechos falsos, por lo que ni siquiera las admitieron a trámite. El pleno, de esa manera, logra desbloquear su funcionamiento al recuperar el quórum mínimo de ocho miembros que le permite reunirse y tomar decisiones.
Los diez magistrados del pleno, con la única oposición de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, los juristas conservadores que están recusados por el Gobierno, dieron ayer, tras tres horas de reunión, un varapalo al PP, partido que dejó pasar la semana pasada la oportunidad que le ofreció el tribunal para retirar las impugnaciones, se reafirmó en ellas e incluso se permitió dudar en sus alegaciones de la palabra de los seis magistrados que, en una carta, adelantaron que las sospechas contra sus compañeros eran falsas.
Los dos magistrados que defendieron a capa y espada las tesis populares a lo largo de todo el proceso anunciaron la presentación de sendos votos particulares que, como el contenido de la resolución de la mayoría, no se conocerán al menos hasta hoy.
Estrategia política
La falta de consistencia legal de las recusaciones populares, vividas en el tribunal como un auténtico intento de bloqueo, han unido por primera vez desde hace meses en una votación a los cinco magistrados progresistas y a tres de los conservadores, convencidos de que se trataba de una estrategia política que solo buscaba contrarrestar las dos recusaciones del Gobierno y evitar que el pleno volviese a ser controlado por los juristas progresistas.
El PP, con el único apoyo de un artículo de prensa, defendía que los tres magistrados progresistas estaban inhabilitados para tratar un recurso porque ya anticiparon su visto bueno a la norma recurrida en una reunión celebrada en junio pasado, en la que también participaron la presidenta, el vicepresidente y el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. Sin embargo, los seis magistrados presentes en la reunión, los únicos conocedores reales del diálogo, firmaron una carta el pasado 29 de octubre en la que desmienten que los tres compañeros impugnados expresasen opinión alguna sobre la reforma en esa reunión.
El rechazo de las recusaciones del PP permite desbloquear el funcionamiento del pleno porque garantiza que, aunque en próximas días se aceptasen las dos impugnaciones del Ejecutivo, el órgano constitucional contará siempre con el quórum mínimo de ocho magistrados necesario para poder reunirse y adoptar resoluciones.
Con el quórum resuelto, el pleno podrá por fin entrar a discutir si admite o no a trámite el recurso del PP que desató toda esta polémica: la demanda contra la reforma legal que prorroga automáticamente el mandato de la presidenta del tribunal -concluido en junio- hasta que se produzca la renovación de la institución, que la ley prevé para diciembre. Sin embargo, la renovación no será posible hasta después de las elecciones de marzo por la lucha partidista y la disolución del Parlamento.