La fuerte polémica desatada en los ámbitos político y social por la cadena de errores judiciales en el caso del asesinato de la niña onubense de cinco años Mari Luz Cortés, se ha trasladado al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Seis vocales progresistas pidieron al presidente que averigüe por qué la Inspección no detectó este fallo en la auditoría que hizo hace cinco meses en el juzgado sevillano y que depure responsabilidades si las hay.
Al tiempo, pedirán en el pleno de mañana miércoles la dimisión del vocal conservador Enrique López como portavoz del Poder Judicial por entender que ha querido reabrir en los medios de comunicación, sin discusión previa, el debate sobre la introducción en la ley española de la cadena perpetua para determinados delitos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tratará hoy de acelerar al máximo el proceso de depuración de posibles responsabilidades por errores judiciales en el caso Mari Luz. La comisión permanente del CGPJ escuchará del jefe de la Inspección las primeras conclusiones sobre la investigación interna que trata de determinar si el presunto asesino de la niña, Santiago del Valle, estaba en libertad cuando cometió el crimen por un fallo del Juzgado Penal 1 de Sevilla.
En otras palabras, sabrá si la inspección iniciada el viernes pasado ha recabado indicios de que el titular del juzgado, el magistrado Rafael Tirado, no ordenó en el 2006 la busca y captura e ingreso en prisión de Del Valle, para cumplir una sentencia firme por abusos sexuales a otra menor.
Alarma social
Fuentes de la institución indicaron que el Poder Judicial es consciente de la gravedad de los hechos y de la enorme alarma social que han provocado, por lo que, si existen indicios claros de una posible falta disciplinaria, solicitará la inmediata convocatoria de la comisión disciplinaria para que decida sobre la apertura de un expediente sancionador contra el juez.
La comisión disciplinaria extraordinaria podría estudiar el informe preliminar de la Inspección esta misma semana sin esperar a la reunión ordinaria del próximo 9 de abril.
Si el documento propone la apertura de un expediente disciplinario por una o más faltas muy graves, los vocales, además de ordenar el expediente, podrían poner en marcha el proceso para la suspensión cautelar del magistrado, por entender que la investigación compromete su función judicial. La ley indica que esta medida cautelar, que no puede durar más de seis meses, la tomará la comisión, en un plazo máximo de cinco días, tras oír al instructor del expediente, al interesado y al fiscal.
Llamada al padre
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Francisco José Hernando, habló ayer telefónicamente con el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, y se comprometió con él a investigar lo ocurrido en este caso y depurar responsabilidades. Hernando habló por la mañana con Cortés, le mostró sus condolencias y también le invitó a una futura entrevista en la sede del órgano de gobierno de los jueces para darle cuenta de la investigación abierta.
También mostró su compromiso de proponer soluciones y medidas para que en un futuro algo como lo ocurrido no vuelva a pasar.
El CGPJ abrió el pasado jueves una información previa respecto a la actuación desarrollada por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al encarcelado por el asesinato de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusos sexuales a su hija de cinco años.
La finalidad de la investigación es averiguar por qué Del Valle se encontraba libre a pesar de haber sido condenado en dos ocasiones por delitos sexuales.