El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió ayer con una multa de 1.500 euros el expediente abierto a Rafael Tirado Márquez, el juez sevillano que no ejecutó la sentencia que hubiera llevado a la cárcel a Santiago del Valle y le habría impedido asesinar a la niña onubense Mari Luz Cortés el pasado 13 de enero. Solo una multa porque el órgano de gobierno de los jueces considera que ese error supuso una falta grave, no muy grave como pretendía la Fiscalía, de desatención de sus deberes profesionales.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ llegó a esa conclusión tras una tensa reunión. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla incurrió en una falta solo grave a pesar de que tardó dos años y dos meses en ordenar el encarcelamiento del pederasta, quien había sido condenado en el 2002 a dos años y nueve meses por abusar de su propia hija. El juez Tirado solo decretó la prisión de Del Valle el pasado 27 de marzo, más de dos meses después del infanticidio.
El órgano disciplinario asegura que el magistrado no merece una sanción profesional más allá de la multa. En su opinión, solo incurrió en una irregularidad contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pena el «retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función».
La Comisión Disciplinaria desoyó la petición del ministerio público, que acusó al magistrado sevillano de haber cometido una «falta muy grave» y pidió una sanción que podría haberle acarreado la suspensión hasta tres años, el traslado forzoso a otro destino e, incluso, la expulsión de la carrera judicial.
El fallo del CGPJ no fue unánime. El debate sobre la sanción al juez Tirado provocó una sesión «bronca» en la que hubo un «enfrentamiento abierto» entre los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria. Las dos magistradas progresistas -la presidenta de la comisión, Montserrat Comas, y María Ángeles García- abogaron por calificar de muy grave el error. Las dos vocales se encontraron con la oposición de los conservadores Pablo Ríos y Juan Pablo González. Al final del encrespado debate, el voto del independiente Agustín Azparren inclinó la balanza a favor de fijar una simple multa.
Responsabilidad única del juez
Comas adelantó parte del contenido de su queja, en la que asegura que la competencia de ejecutar la sentencia del pederasta era exclusivamente de Tirado y que ninguno de sus subordinados podía haberle sustituido en esa cuestión. Además recuerda que la «exigencia de responsabilidad a los jueces va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del poder judicial». La decisión tampoco convenció ni a la Fiscalía ni al propio juez expedientado. Fuentes del ministerio público explicaron que «muy probablemente» la Fiscalía recurrirá el fallo del CGPJ. El juez Rafael Tirado, a través de su abogado, informó ayer de que también pedirá una revisión de la sanción porque «no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable».