La investigación abierta por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha descartado anomalías o carencias en el juzgado de Rafael Tirado, quien denunció en su momento las excesivas bajas entre sus subordinados. La consejera Evangelina Naranjo explicó que el expediente concluyó que no hubo «ninguna incidencia» por parte del funcionariado en cuanto a altas, bajas e interinidades.
La representante de la Junta explicó que «se iban cubriendo todas las bajas en tiempo y en forma, las interinidades cuando se iban sucediendo con funcionarios que desempeñaban su labor y solo en el 2007 hubo una ausencia de un auxiliar que estuvo de baja un mes y se incorporó al mes siguiente».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ocultó su enfado con la levedad de la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado, por sus negligencias en el caso Mari Luz. La número dos del Ejecutivo fue tajante: la comisión disciplinaria tenía que haber impuesto al magistrado un castigo «infinitamente más grave» que la multa de 1.500 euros por no haber ejecutado la sentencia contra Santiago del Valle, el asesino de la niña, que estaba en la calle a pesar de haber sido condenado a dos años y nueve meses de cárcel por abusar de su propia hija.
«Son hechos muy graves»
Fernández de la Vega fue más allá que Zapatero la víspera, y señaló que el Ejecutivo «discrepa radicalmente de la decisión» del órgano disciplinario de los jueces y prometió que el Gobierno trabajará «para que se haga justicia» en este caso. «Son hechos muy graves que deberían ser sancionados como una falta muy grave. La vicepresidenta hizo suyos los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que el juez Tirado incurrió en una desatención de su juzgado que debería llevar aparejada la separación temporal de la judicatura, el traslado forzoso, e incluso la expulsión de la carrera. La vicepresidenta se mostró esperanzada en que el nuevo CGPJ aumente la sanción al juez Tirado tras el recurso que la Fiscalía va a interponer de «manera inmediata». Este recurso del departamento de Cándido Conde-Pumpido no será estudiado por la comisión disciplinaria sino por el pleno del órgano de gobierno de los jueces que tomará posesión la próxima semana.