No hubo voto de castigo contra Carlos Dívar, que fue elegido por unanimidad presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Pero los 20 nuevos vocales necesitaron tres horas de debate, en el que intervinieron todos ellos, para dar luz verde al candidato designado directamente por Zapatero. El conato de rebelión de los 9 vocales propuestos por el PSOE, disconformes con el perfil conservador y ultrarreligioso del hasta ahora presidente de la Audiencia Nacional, quedó en nada, tras la intervención el martes del portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, en su defensa.
Los miembros del órgano de gobierno de los jueces emitieron un comunicado para explicar su decisión, en el que le dedicaron múltiples elogios y destacaron sus méritos y cualidades, entre ellos que no pertenezca a ninguna asociación judicial. Independiente, prudente, discreto, bien preparado, abierto, dialogante, respetuoso o ecuánime fueron algunos de los adjetivos que le adjudicaron. El texto, leído por Miguel Carmona en su condición de presidente en funciones por ser el vocal de mayor edad, dejaba claro que es un jurista de Estado que cumple el perfil requerido para el puesto, algo que se ha puesto en duda no solo por sus convicciones políticas y religiosas, sino también por no pertenecer al Supremo, como era costumbre en sus antecesores, lo que ha provocado malestar en el alto tribunal.
La elección del vicepresidente, cargo para el que el PP propuso a Fernando de Rosa, se abordará en la próxima reunión del consejo. Su candidatura causa rechazo en los vocales progresistas por su marcado perfil político, ya que aterriza en el consejo directamente desde la Consejería de Justicia de la Generalitat valenciana.
Aunque Dívar declinó hacer declaraciones, a través del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional agradeció «tanto los elogios como las críticas recibidas», ya que estas últimas son «una lección de humildad».
Dívar prescindirá del equipo de dirección de su antecesor, Francisco José Hernando, después de haber recibido presiones del sector progresista. Así, cesará al director del gabinete de presidencia, Eduardo Ortega, que fue asesor de los ministros del PP Ángel Acebes y José María Michavila y al que se le conoce como el vocal número 22 por el peso que tenía. Por otra parte, Gabriela Bravo se perfila como la nueva portavoz del CGPJ, que hasta ahora era la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.