El Gobierno respeta la decisión de Garzón, pero cree que el proceso no se traducirá en nada a efectos penales.
17 oct 2008 . Actualizado a las 20:45 h.El único ministro de Franco que sigue activo en política, Manuel Fraga, consideró que es «un disparate» y «un error» la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de personas durante la Guerra Civil y el primer tramo de la dictadura. Esas palabras del presidente fundador del PP abrieron la espita de las críticas en el partido opositor; «esperpento» y «sorprendente» fueron algunas de las apreciaciones hechas desde las filas populares.
El que fuera ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 con Franco, y vicepresidente y ministro de la Gobernación entre 1975 y 1976 con Carlos Arias Navarro se mostró indignado con la resolución del juez de la Audiencia Nacional. «Es un disparate -afirmó- que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie puesto que ya hubo leyes de amnistía». Fraga, en la actualidad senador designado por el Parlamento gallego, indicó que además de las consideraciones jurídicas, desde el punto de vista político es «un error gravísimo» reabrir el debate sobre lo sucedido en la Guerra Civil, «una tragedia para ambas partes», y en la dictadura.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apreció que hay objetivos escondidos detrás de la resolución del juez porque su auto es «otra cosa» que no encaja en lo que es la administración de justicia. La dirigente opositora consideró además que el escrito de Garzón tiene «muchos defectos procesales» ya que aplica de forma retroactiva figuras jurídicas actuales, como la tipificación de crímenes contra la humanidad, que durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo no existían. «O es aquello o es esto, pero no puede ser aquello y esto», resumió en Radio Nacional.
Sáenz de Santamaría no quiso «juzgar las intenciones» de Garzón, pero recalcó que «ciertos partidos» tienen «la obsesión» de reabrir temas cerrados en la transición para endosar a otras fuerzas políticas, en alusión a la suya, hechos que ocurrieron «hace 70 años». La portavoz parlamentaria del PP consideró además que es «relevante» que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidiera recurrir el auto «inmediatamente», una rapidez que «pone en evidencia» la endeblez argumental del auto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se incorporó al coro de críticas y calificó de «esperpéntico» que el titular del juzgado de instrucción número cinco pida el certificado de defunción de Franco, un trámite judicial para comprobar su muerte, comparable, dijo, a solicitar ese mismo documento referido a Napoleón por «los sucesos del 2 de mayo de 1808». Ya en el terreno político, Aguirre recordó que el PP «no estaba en la Guerra Civil» mal que les pese a «algunos» que pretenden «limpiar su expediente» tachando a los populares de «franquistas».
Ninguna parte
El Gobierno no quiso valorar en público la resolución del juez de la Audiencia Nacional y su vicepresidenta limitó su apreciación a mostrar su «máximo respeto» por la iniciativa del juez, pero también por «todas las posiciones» y «opiniones divergentes» que hay en este asunto. Justificó este laconismo, que contrasta con las duras críticas que hizo al Consejo General del Poder Judicial por el castigo al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz, porque un caso, el de Garzón, es «un proceso judicial» en el que el Gobierno no puede entrometerse, y el otro es una decisión de «política judicial» y, como tal, sometida a «la crítica política».
Fuentes gubernamentales, no obstante, también se mostraron escépticas con la decisión del instructor de la Audiencia Nacional porque, a su juicio, el proceso conducirá «a ninguna parte» en términos penales puesto que los responsables de la represión, al margen de otras consideraciones jurídicas, han fallecido. Sólo servirá, apuntan las fuentes consultadas, para impulsar algunas exhumaciones de fosas que, tarde o temprano, se iban a realizar.
En esta misma línea se situó el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, quien apuntó que «el camino jurídico» de la resolución de Garzón «es dudoso» y más bien «no va a llevar a ningún lugar» por la muerte de los responsables.
El dirigente socialista compartió además las opiniones del PP sobre la prescripción de los delitos con la ley de amnistía de 1977 y en que la tipificación del delito de crímenes contra la humanidad data del proceso de Nüremberg a los jerarcas nazis, desarrollado entre 1945 y 1949, es decir después de la Guerra Civil.