La sucesión de casos de corrupción relacionados con el urbanismo ha colocado al Gobierno balear al borde del precipicio de las elecciones anticipadas. Una eventualidad que el presidente de la comunidad, el socialista Francesc Antich, trata de evitar apelando al sentido de la responsabilidad del PP para llegar a acuerdos parlamentarios que eviten una disolución anticipada de la Cámara en plena crisis económica.
Las presiones del PSOE llevaron a sus socios de gobierno Unió Mallorquina (UM) a expulsar del partido a Bartomeu Vicens, para quien el fiscal ha pedido penas de cárcel por el supuesto cobro de comisiones ilegales. Con ello, las tres formaciones que conforman el Gobierno balear (PSOE, UM y Bloc per Mallorca) suman 27 diputados, frente a los 28 del PP. Si se toman en consideración los dos escaños de Eivissa pel Cambi, que normalmente apoyan al Gobierno, y el de AIPF, de Formentera, próximo al PP, la situación sería de empate. La llave de la Cámara queda entonces en manos del imputado Vicens, que aunque ha asegurado que no contribuirá a tumbar al Ejecutivo, este queda en una situación más que delicada.
Antich apeló ayer a la responsabilidad de todos los partidos para sacar adelante las iniciativas parlamentarias, porque «la otra alternativa es poner un Parlamento en elecciones en el momento en que los ciudadanos tienen más problemas», dijo. «La voluntad del presidente es que este Gobierno siga trabajando y, para ello en según qué cuestiones deberemos pactar más y, por tanto, deberemos hablar también con otros grupos», afirmó en alusión al PP.
La portavoz del PP balear, Catalina Soler, respondió que en su partido se encuentran «expectantes» ante lo que pueda ocurrir en el Gobierno autonómico. Añadió que pese a que el tiempo ha demostrado que el pacto de Gobierno fue solo «un reparto de sillas», los populares harán una «oposición constructiva y de apoyo al Gobierno» y secundarán «todas las propuestas que tengan que ver con el interés de los ciudadanos».