El PSOE acusó el miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ser «rehén de las asociaciones judiciales y del corporativismo» de la magistratura y de haber transmitido a toda la sociedad española una imagen «penosa y de debilidad». Los socialistas reaccionaron así a la decisión del pleno del CGPJ de plegarse a las presiones de la carrera y descartase la suspensión de empleo y sueldo solicitada para Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, y confirmarse la multa de 1.500 euros como única sanción por su participación en el escándalo de la niña Mari Luz. El PSOE pretende que el presidente del Consejo, Carlos Dívar, comparezcan en el Congreso para dar explicaciones.
Rafael Tirado es el máximo responsable del juzgado que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, que la mató cuando aún seguía en libertad provisional, el 13 de enero. El Poder Judicial, gracias a la piña que formaron los vocales procedentes de la magistratura, rechazó el martes, por catorce votos a siete, imponer a Tirado los tres años de suspensión que reclamaba la Fiscalía y calificó lo ocurrido como una falta grave de retraso injustificado, fruto de una «desatención leve de sus funciones», que no merece más reproche disciplinario que la multa. Cinco de los vocales no jueces y el ponente del expediente, Félix Azón, defendieron sin éxito que los hechos sí que constituyen una falta muy grave y exigieron seis meses de suspensión para el magistrado, lo que también le hubiese acarreado la pérdida de la plaza. Juana Gálvez, la secretaria del juzgado sevillano, fue sancionada por el ministerio a dos años de suspensión.
El PSOE fue el primer partido que se sumó en público a las duras críticas que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el padre de la niña asesinada, Juan José Cortés, ya realizaron el pasado martes a la decisión del Poder Judicial.
Críticas de Bermejo
Fernández Bermejo dijo estar en total desacuerdo con una sanción «enormemente escasa», por lo que anunció una reforma para endurecer el régimen sancionador de los jueces, y Juan José Cortes lamentó que el Poder Judicial hubiese actuado por intereses corporativos y definió el acuerdo mayoritario como «una vergüenza nacional».
Los socialistas no van a quedarse solo en el terreno de la crítica y, a través de su secretario de Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, anunciaron que van a pedir la comparecencia urgente en el Congreso de Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial y uno de los catorce que apoyó mantener la multa, para que explique la decisión. Como el ministro, el dirigente socialista se mostró partidario de hacer reformas urgentes en el funcionamiento del Poder Judicial, para evitar más decisiones como ésta. Cuesta, que también preside la Comisión de Justicia de la cámara baja, denunció que el CGPJ «no ha estado a la altura de las circunstancias» y que «ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que lo eligieron» en septiembre pasado, tras dos años con el proceso de renovación bloqueado por la lucha partidista.
El diputado no tuvo empacho en afirmar que el CGPJ «parece un órgano subordinado a las asociaciones judiciales, que ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y la Constitución». Cuesta se mostró convencido de que la mayoría del Consejo actuó por «miedo» a la huelga que el mundo judicial realizó en octubre, y que ha amenazado con repetir el próximo 18 de febrero, y concluyó que los 14 vocales que apoyaron la resolución, sin distinciones entre conservadores y progresistas, «están más preocupados por su implantación asociativa que por la imagen de la Justicia».