El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, comparecerá en el Congreso de los Diputados «a primeros de año», pero no hablará de la sanción al juez Rafael Tirado, como solicitó el PSOE, ya que como presidente del Tribunal Supremo no puede pronunciarse sobre asuntos que deban ser revisados por este órgano, informó ayer la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Bravo señaló que Dívar estará limitado en su comparecencia, ya que el Supremo revisará un recurso de la Fiscalía contra la decisión de mantener la multa de 1.500 euros a Tirado por no ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al autor de la muerte de Mari Luz Cortés, en lugar de suspenderlo de empleo y sueldo durante tres años.
Después de que el Grupo Socialista formalizase ayer su petición, Bravo señaló que este órgano, aunque asume las críticas, está convencido de que la decisión «se basó estrictamente en la aplicación de la ley».
El escrito por el que el PSOE reclama que Dívar acuda a la Comisión de Justicia de la Cámara baja fue respaldado ayer por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien expresó su discrepancia «profunda y seria» con la decisión del Poder Judicial y su deseo de que Dívar la «explique ante toda la ciudadanía». Además, mostró su respaldo al recurso anunciado por la Fiscalía.
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró en un comunicado que la asunción de responsabilidades por parte de los jueces «es la gran asignatura pendiente del Poder Judicial en nuestra democracia», y afirmó que el Consejo ha perdido una oportunidad para «aclarar el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia».
Manifestaciones hipócritas
El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, señaló que los socialistas «muestran una actitud hipócrita» y que no se debe «olvidar que los miembros del CGPJ lo son a propuesta del PSOE y del PP». Esto, a su juicio, «solo responde al fracaso de aquel pacto entre PSOE y PP que ha generado un CGPJ en el que lo que prima es el interés corporativo». Llamazares agregó que «el barro de aquel acuerdo ha traído a la Justicia un lodo tan despreciable como esta resolución», afirmó.