Las asociaciones judiciales mantienen las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga para el 26 de junio tras una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la que este anunció que se destinarán este año otros 20 millones de euros a la modernización tecnológica. Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) agradecieron a Bermejo el «buen tono» en el que habían transcurrido las siete horas de reunión, pero le reprocharon el bajo «nivel de compromiso» mostrado.
Por su parte, el ministro de Justicia consideró que «no se justifica» el mantener las movilizaciones anunciadas para el próximo mes «con el clima» que había reinado en el encuentro, que calificó de «bueno y de respeto institucional». Fuentes de su departamento destacaron el «extraordinario esfuerzo» que, en un escenario de crisis económica, supone el incremento en un 30% de los 72 millones que ya había presupuestados para este año para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia.
Los representantes de las asociaciones judiciales acudieron al ministerio con las ocho demandas contempladas en la tabla reivindicativa consensuada el pasado día 12. Bermejo se mostró de acuerdo con la supresión del traslado forzoso por ascenso y añadió que ya está previsto arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales y que se reduzca el número de funcionarios interinos en los juzgados «y que existan funcionarios titulares bien preparados».
Las asociaciones, sin embargo, consideraron insuficiente el nivel de compromiso mostrado por el ministro respecto a la devolución a los jueces de la facultad de señalar las vistas (que la reforma legal aprobada por el Gobierno atribuye a los secretarios judiciales) y al incremento de la planta judicial.
Fuera del debate quedaron las reivindicaciones salariales, «aparcadas», según el ministro y las asociaciones, «hasta que las condiciones económicas lo permitan».
Proceso en curso
El portavoz de la APM, Antonio García, calificó de constructiva la reunión y dijo que los jueces han detectado disposición por parte de Bermejo, «aunque no con la intensidad y en la medida que a nosotros nos hubiera gustado».
«La respuesta que hemos recibido [...] no nos satisface enteramente», dijo García, que no obstante consideró el proceso de diálogo «abierto y en curso», y confió en que en próximas reuniones se podrá «perfilar y clarificar un panorama que nosotros todavía nos atrevemos a calificar hoy de sombrío».
Además de las protestas convocadas por las asociaciones para el 18 de febrero, esa es la fecha elegida por el aproximadamente 20% de los jueces para convocar una huelga sin precedentes en la magistratura y que no cuenta con el respaldo de sus representantes. A pesar de ello, para Bermejo las asociaciones siguen siendo «los únicos interlocutores legítimos de la carrera judicial», por lo que el ministerio «ha estado negociando hoy con quien debe», dijo.