Si hay una conclusión clara, por el momento, del turbio e intrincado escándalo del espionaje en Madrid es que alguien con muchos medios a su disposición ha investigado a fondo a Ignacio González. Este madrileño de 48 años, casado y con tres hijas, a quien sus amigos llaman Nacho, es la mano derecha de Esperanza Aguirre y hombre de su máxima confianza desde hace más de 20 años, en el Ayuntamiento de la capital, el Ministerio de Cultura y ahora en el Gobierno regional.
González es un político todopoderoso que preside también el Canal de Isabel II y tiene en su mano decidir adjudicaciones millonarias. El vicepresidente era el tapado de Aguirre para sustituir a Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, una palanca de poder político y económico muy importante. Sus relaciones con el consejero de Interior, Francisco Granados, acusado de dirigir un equipo de espías, son muy tensas.
Según se supo ayer, existe un dosier muy completo, que abarca 69 páginas, sobre su patrimonio, sus relaciones personales y profesionales, su familia y adjudicaciones sospechosas. Este informe es el que Rajoy tuvo sobre su mesa en el 2006, según Aguirre, sin que ni él ni la presidenta investigaran quién lo había elaborado y por qué se había hecho llegar al tesorero nacional, Álvaro Lapuerta. La información es tan detallada que tiene apartados sobre los negocios de su mujer, sus padres, hermanos y cuñados, el Canal de Isabel II, el reparto de la televisión digital, la explotación de la plaza de toros de las Ventas, la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid, Fidel San Román y el caso Malaya, su amigo y ex secretario de Estado Pedro Antonio Marín o sus casas. El documento cifra en 1,8 millones su patrimonio y el de su mujer.
Pero también está acreditado que González fue espiado en sus viajes a Cartagena de Indias -donde se le grabó con cámara oculta- y Johannesburgo. Los espías sostenían que fue el empresario Enrique Sánchez, propietario de Segurisa, quien pagó los 8.000 euros que costó, pero González dijo que lo había hecho él «en metálico». También negó que le hubiera adjudicado «nada», pero posteriormente se supo que el Canal de Isabel II otorgó un contrato de 33 millones a Segurisa.
Su espionaje está en el juzgado, pero el daño a su imagen ya está hecho. Ya en el 2007 se puso bajo sospecha la adjudicación del campo de golf a un consorcio formado por tres empresas, una de las cuales pertenecía al socio de su hermano y se informó de que poseía un chalé de 447 metros cuadrados por un precio declarado de algo más de un millón de euros, que en un año valía ya casi el doble.
González es la primera víctima política del espionaje, al menos hasta que se aclare el caso. Y abatir esta pieza es apuntar directamente contra Aguirre.