El Consejo del Poder Judicial se plantea trasladar al Constitucional la decisión sobre el paro de los jueces
ESPAÑA
Uno de los informes técnicos encargados por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, sobre las dudas legales que plantea la huelga de jueces convocada para el día 18 sostiene que este órgano carece de cobertura legal para dilucidar tanto el carácter legal o ilegal del paro como para fijar los servicios mínimos o las sanciones que podrían aplicarse a los jueces que lo secunden.
El informe en cuestión fue elaborado por el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez, y concluye que ante este vacío legal corresponde al Tribunal Constitucional decidir si los jueces tienen derecho o no a la huelga. Señala que, a la espera de intervenciones legislativas que desarrollen el ejercicio de este derecho, «corresponde a los jueces, y en definitiva al Tribunal Constitucional, evaluar si hay razones que justifiquen la exclusión de un derecho fundamental».
Asimismo, advierte al Consejo de que, en virtud de la independencia judicial que ostenta, su actuación «no puede ir más allá» de las decisiones para las que se encuentra facultado. En caso contrario, continúa, «nos situaría ante la más que probable nulidad radical». Fuentes del Tribunal Constitucional salieron ayer al paso de esta previsión al señalar que no existe cauce legal para que el órgano de gobierno de los jueces le derive la responsabilidad de resolver si los jueces tienen o no derecho a la huelga.
Las conclusiones del informe del secretario general del Poder Judicial serán estudiadas, junto al resto de los estudios encargados por Carlos Dívar, en el pleno extraordinario del próximo lunes, «el más importante de los últimos años», según fuentes de la institución.
La convocatoria del pleno responde a dos escritos que las asambleas de jueces de Las Palmas y Tarragona enviaron al Ministerio de Justicia y al Consejo del Poder Judicial, en los que se comunica la «decisión adoptada» de ir a la huelga y se establecen los servicios mínimos a respetar el 18 de febrero en el caso de que las autoridades correspondientes no lo hicieran.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, volvió a reiterar ayer que su ministerio carece de estas competencias y recordó que es el Poder Judicial el que dará respuesta a las convocatorias de huelga con responsabilidad. Por otra parte, Bermejo apeló a la responsabilidad de los jueces y advirtió de que con «la algarada» y la huelga no se pone remedio a los problemas. Añadió que este tipo de medidas solo van a conseguir que se incremente la pérdida de credibilidad de la Administración de justicia. Lamentó también el cisma entre las asociaciones.