A menos de una semana para el comienzo de la campaña de unas trascendentales elecciones vascas y gallegas, el PP tiene en marcha dos investigaciones internas sobre graves escándalos de espionaje y corrupción urbanística. El actual equipo de dirección vive con frustración esta situación, dado que, aseguran, ninguno de los dos casos tiene nada que ver con el nuevo PP. La desesperación es mayor por el hecho de que tanto el asunto del espionaje como el que afecta a la empresa Special Events tienen su origen en una guerra interna entre populares, y no en denuncias del PSOE.
En lo que sí coinciden en Génova es que el tema se ha sacado en el momento que más daño puede hacer. De hecho, en el PP aseguran que en otras circunstancias tanto Rajoy como algunos de sus principales asesores podrían incluso presumir de que han sido ellos los que han limpiado el partido de unas prácticas irregulares que tienen su origen en épocas anteriores. Nadie nombra a Aznar, pero todos miran hacia esa etapa cuando buscan el origen de la crisis.
Rajoy sabía al menos desde el 2004 que Correa, presunto jefe de la trama y amigo del yerno de Aznar, Alejando Agag, no era trigo limpio. El entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le advirtió de que Correa exigía contratos a ayuntamientos del PP haciendo ver que las comisiones eran para el partido.
Rajoy no pidió responsabilidades, pero cortó por lo sano. Correa y su empresa Special Events no volverían a contratar con el PP a nivel nacional. El ahora detenido siguió no obstante haciendo negocio con otras sedes regionales populares. En las grabaciones realizadas a Correa desde entonces y hechas públicas ahora se observa cómo carga especialmente contra personas próximas a Rajoy, las que le cerraron el grifo.
Entre los que se enfrentaron a Correa y sus prácticas se encuentra también el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. En el 2006, ya defenestrado por Rajoy, Correa intentaba un complicado pelotazo urbanístico en Alicante. Trató de que Pons, entonces consejero de Territorio de la Comunidad Valenciana, lo desbloqueara, pero este se negó. Pese a ello, Correa siguió manteniendo buena relación con el presidente valenciano, Francisco Camps. Pero en el pasado congreso del PP organizado precisamente en Valencia, Camps no pudo interceder por él. Rajoy le dejó claro que no podía dar el contrato de ese acto a Correa. Rajoy sabe que ni aquí ni en el asunto del espionaje es responsable directo. Por eso ha ordenado mano dura en ambos casos.