El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende que no hay «cobertura legal» para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, por lo que ha dado por no anunciada la convocatoria de paro para el próximo día 18 y se ha negado a fijar servicios mínimos.
En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ rechazó las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
«El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio», manifestó Bravo.
El acuerdo establece que para el CGPJ «no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces» y, en consecuencia, entiende «no tener por anunciada la convocatoria de huelga».
Por tanto, añadió Bravo, tampoco procede la fijación de servicios mínimos, ni consideraron los fijados por las asambleas de jueces y magistrados, ya que no tienen «competencia alguna ni base legal» para establecerlos.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces recalcó que la convocatoria de huelga «no tiene efectos jurídicos» y añadió: «El 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en sus puestos de trabajo».
Preguntada por la posibilidad de que el CGPJ sancione a los jueces que secunden el paro convocado para la próxima semana, Bravo señaló que después de esa fecha, «si consta alguna denuncia», se estudiará y valorará el caso concreto y se adoptaran las medidas que se estimen oportunas.
Pronunciamiento unánime
El pronunciamiento unánime del CGPJ en contra del derecho de huelga de los jueces contrasta con el informe elaborado la semana pasada por el secretario general de este órgano, Celso Rodríguez, que concluía que, ante la ausencia de una norma legal, correspondía al Tribunal Constitucional evaluar si la carrera judicial puede ejercer o no ese derecho.
El informe, encargado por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para ser analizado en el pleno extraordinario de ayer, aludía a los problemas «de toda índole» que provoca la «deficiente regulación normativa» sobre el asunto, ya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén dentro de las competencias del Consejo la regulación o el control de este derecho fundamental.
Las asambleas que habían hecho «convocatorias expresas» de huelga para el día 18 son de Andalucía (Almería, Huelva y Málaga), Aragón (Teruel), Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), Comunidad Valenciana (Alicante), Castilla-La Mancha (Ciudad Real), Cataluña (Solsona, en Lérida), Galicia (A Coruña y Pontevedra), Baleares (Ibiza) y Murcia. Otras asambleas remitieron al CGPJ actas en las que se acuerda convocar el paro: Ciudad Real y Cuenca, en Castilla-La Mancha; Girona y Tarragona, en Cataluña; Extremadura y Majadahonda (Madrid).