El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, utilizó su primera comparecencia en el Congreso para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos que no interfieran ni se entrometan en los procesos disciplinarios abiertos contra los jueces. Con su habitual tono institucional, pero con un mensaje de fácil comprensión, indicó que la competencia disciplinaria sobre los jueces y magistrados es exclusiva del órgano que preside, y que así debe seguir siendo porque es el «pilar de la independencia [judicial]» y la única «garantía objetiva contra la intromisión de los demás poderes del Estado en la labor jurisdiccional».
El presidente del Poder Judicial, sin nombrar ni al juez Rafael Tirado ni a Baltasar Garzón, indicó que el proceso disciplinario es complejo y está sujeto a la ley y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no puede someterse a influencias o criterios externos.
Dívar también quiso dejar claras otras dos cosas a quienes creen que el CGPJ es blando con los jueces. La primera, que las sanciones de separación del servicio o de suspensión temporal de empleo y sueldo, las más graves, deben ser «aplicadas con prudencia» por las dificultades para cubrir el hueco que deja el magistrado sancionado.
La segunda, que las faltas deben graduarse por «la intencionalidad» del juez, para lo que al tiempo hay que atender a las «concretas circunstancias» que rodean los hechos presuntamente irregulares y no solo a la consecuencia en sí. Este segundo argumento sonó a defensa de la multa con la que el Poder Judicial resolvió el expediente abierto al juez Tirado por el caso Mari Luz, de la que recordó que fue «adoptada por mayoría absoluta» del anterior Consejo, y añadió que los únicos legitimados para poner en tela de juicio esa decisión son los magistrados del Tribunal Supremo, que en su día tendrán que resolver el recurso presentado contra el expediente. Los demás, indicó, no son quienes para dudar de la legalidad de la resolución.
Polémica partidista
La reclamación, pese a todo, no tuvo mucho éxito entre los diputados, que en su turno se enzarzaron en una polémica encendida y de claro componente partidista entre quienes creen que el CGPJ no defiende lo suficiente a Garzón frente a los ataques del PP a la instrucción del caso Gürtell y los que creen que ya debería estar sancionado con falta grave por las presuntas irregularidades denunciadas. Dívar rechazó las críticas de ambos lados «con la ley en la mano que ustedes nos han dado».
IU cree que el PP y algunos medios de comunicación someten al magistrado a «un linchamiento» que cuestiona «su independencia judicial» sin que el CGPJ salga en su defensa. El PSOE, de acuerdo con lo anterior, entiende que el Poder Judicial es «tibio» en el amparo a su labor jurisdiccional frente a intromisiones ilegítimas y avisó al vicepresidente del Poder Judicial y ex consejero valenciano, Fernando de Rosa, presente en la sala, que si vuelve a desautorizar el trabajo de Garzón desde su cargo le exigirá su dimisión.
El PP, por contra, en una intervención durísima contra Dívar en la que lo acusó de no hacer nada, dijo que no comprende cómo el CGPJ ha podido archivar la denuncia presentada contra el juez de la Audiencia Nacional por su participación en una cacería junto al ex ministro de Justicia, cuando el mismo comportamiento le ha costado el cargo a Fernández Bermejo. El tono de Federico Trillo fue tan duro que el compareciente dijo que, «en algunos momentos, me he sentido en el banquillo».
Dívar, en su exposición, también justificó el malestar y el enfado que vive la carrera y no le extrañó que muchos jueces «se sientan indebidamente señalados» por el mal funcionamiento y los retrasos de los tribunales cuando «no pueden administrar justicia con unos estándares mínimos de calidad».